MÉRIDA, Yucatán, domingo 05/12/21.- Con total desfachatez y cinismo, el abogado Alejandro E.B. falsificó firmas y documentos y vendió dos casas que no eran suyas, de modo que de esa forma robó casi un millón de pesos, pero lo denunciaron y enfrenta proceso penal.

La juez de control Elsy del Carmen Villanueva Segura lo requirió para que comparezca, lo imputó y luego lo vinculó a proceso por los delitos de fraude específico y uso de documento falso, que denunciaron A.C.O.G., R.C.M.E. y J.H.P.

La juez Villanueva Segura le impuso las medidas cautelares de firmar periódicamente; no salir del país; sometimiento a cuidado y vigilancia, y portar un brazalete electrónico.

El 12 de octubre del 2018, este sujeto acudió a la Notaría Pública número 60, ostentándose como apoderado legal de A.C.O.G. y R.C.M.E. y que comparecía en sus nombres para realizar un contrato de compraventa de una casa ubicada en la colonia Felipe Carrillo Puerto.

Lo hizo usando un poder falso y, por lo tanto, celebró un contrato de compraventa que perjudicó a los antes mencionados, pues vendió el inmueble a N.C.S.C., lo que quedó asentado en la escritura pública pasada ante la fe del notario.

Este abogado compareció con un poder general limitado, pasado también ante la fe de un notario, otorgado supuestamente por A.C.O.G. y R.C.M.E., siendo que las firmas de ambos resultaron falsas.

Cuando A.C.O.G. se enteró de esto interpuso formal denuncia y/o querella; sin embargo, esta compraventa ya se había inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, lo que perjudicó el patrimonio de los quejosos.

Luego, el 23 de octubre del 2018, el ahora procesado acudió a la Notaría Pública número 08, ostentándose como apoderado legal de A.C.O.G. y R.C.M.E. y que comparecía en sus nombres para realizar un contrato de compraventa respecto de un predio ubicado en la colonia Nuevo Yucatán.

Y con el mismo poder falso lo enajenó a título oneroso, pues se lo vendió a J.H.P., quien en esa fecha pagó 365 mil pesos más 45 mil pesos en concepto de trámites que llevaría a cabo la notaría.

La compraventa quedó asentada en una escritura pública pasada ante la fe del notario, pero una vez más, A.C.O.G. denunció y logró que la compraventa no pudiera inscribirse ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, lo que perjudicó a J.H.P., quien pagó por la casa y las escrituras, pero no obtuvo la vivienda.