CIUDAD DE MÉXICO, martes 31/08/21 (EFE).— Miles de familias mueven cielo y tierra para encontrar a sus desaparecidos en México, ahora con el apoyo decidido del gobierno, pero su titánica labor choca muchas veces con la ineficacia o incluso el desdén de las fiscalías y una impunidad desatada.
“En materia de justicia hay una gran deuda y no hay ningún avance. Tenemos que repensar el sistema forense, quitárselo a las fiscalías y hacerlo independiente”, resumió la encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, en entrevista con Efe por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
México sufre una severa crisis con más de 90,000 desaparecidos desde 1964, año en que comenzaron los registros, si bien la inmensa mayoría sucedieron después de 2007, con el inicio de la llamada guerra al narcotráfico bajo el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
La mayoría de fosas clandestinas se encuentran en Jalisco, Colima, Sinaloa, Guanajuato y Sonora, estados con fuerte presencia del crimen organizado.
Karla Quintana aseguró que “es la primera vez que el gobierno mexicano acepta que existe una crisis de desaparición de personas”.
Antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia en diciembre de 2018, las familias “habían asumido la tarea” de búsqueda por ellas mismas, pero ahora la comisión nacional las acompaña.
El gobierno presentó ayer un grupo coordinador para poner en marcha el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y anunció que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU visitará por primera vez México, cuando la pandemia lo permita.
Pero la relación entre la comisión, perteneciente a la Secretaría de Gobernación, y la Fiscalía General de la República (FGR) no es tan fluida como cabría esperar.
El fiscal general, Alejandro Gertz, impulsó una reforma del organismo para limitar su presencia en los mecanismos de búsqueda de personas al considerar que vulneraban su autonomía.
Difícil panorama
“Uno de los problemas más fuertes viene de las prácticas de las propias fiscalías. Si no se trata de manera coordinada la búsqueda de personas, difícilmente se combatirá esta crisis”, reprochó Karla Quintana.
La comisionada lamentó que hay más de un 94% de impunidad, no existe “un tratamiento igualitario a las víctimas”, no hay sentencias por violaciones a los derechos humanos ni grandes causas judiciales abiertas, además de una grave crisis forense con miles de cuerpos sin identificar.
Mientras que la Comisión Nacional de Búsqueda está limitada en cuanto a presupuesto y también en cuanto a funciones, pues necesita autorización de las fiscalías para hacer geolocalizaciones o inspecciones.