MÉRIDA, Yucatán, sábado 14/08/21.- Luego de la no vinculación a proceso a los cuatro policías acusados de asesinar y violar a José Eduardo, queda investigar porque el joven y su mamá comenzaron a mentir y porque lo hicieron, ya que antes ambos afirmaron que lo habían asaltado.


En los registros del 911 debe haber, si es que la policía no la ha “desaparecido”, una llamada del jarocho, quien pidió una ambulancia y dijo que lo habían asaltado, pero como no se trataba de una ‘urgencia’, según le dijeron en el 911, no se la enviaron, sino que le dijeron que vaya a un hospital.

El joven no quiso ir al hospital y le llamó a su mamá, mientras se quedó tirado de nuevo en su cuarto, el cual entregó la mamá luego. La señora les dijo a varias personas que a su hijo la habían asaltado.

De pronto, instigados o engatusados por quien sabe quien, cambiaron su versión a la de que los policías lo golpearon y violaron y fueron a denunciar ante la Fiscalía y de pronto apareció Andrés Nieves Cervantes.

La Fiscalía oculta datos, como la llamada, los testimonios de varias personas que afirman que José Eduardo y su mamá dijeron que lo asaltaron y sería otro caso en la que la dependencia descaradamente favorece a alguien.

Antecedentes de “mala leche” de la Fiscalía
En octubre de 2020, el juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, el mismo que juzga este caso de José Eduardo, exhibió la “mala leche” de la Fiscalía, que falseó datos para favorecer a una mujer, aunque esas mentiras se derrumbaron como castillo de naipes y el juzgador los liberó de los cargos.

De mala fe, en contubernio con la Fiscalía, E.K.M.F., denunció a los señores Hebert Amín Ch.C., Irma Judith C.G. y sus hijos Hebert Amín e Irma Guadalupe Ch.C., por los delitos de despojo de cosa inmueble agravado, robo calificado cometido en pandilla y violencia familiar.

La denunciante es ex esposa del tercero, a quien se le había dado una casa para que habitara con sus hijos, aunque tenía otra pareja y cuando ocurrieron los hechos que denunció ella ya vivía en otro lugar.

El juez Bonilla Castañeda en un principio los imputó por los ilícitos arriba señalados, pero en la vinculación observó evidentes incongruencias de parte de la Fiscalía y los liberó de los cargos, ya que afloró que entre las anomalías en que incurrió la Fiscalía estuvo su falta de lealtad, pues sabía y ocultó que la E.K. ya no vivía en la casa cuando ocurrieron los hechos que denunció, debido a que murió su papá y fue a vivir con su progenitora, lo que consta en autos y declaraciones de vecinos.