MANAGUA, jueves 05/08/21(AP).— La exreina de belleza Berenice Quezada, candidata a la vicepresidencia de Nicaragua por la alianza opositora Ciudadanos por la Libertad, fue inhabilitada para participar en las elecciones generales del 7 de noviembre y se encuentra bajo arresto domiciliario, denunció esa organización política.

Hasta el momento ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público han confirmado el arresto de Berenice, quien según Ciudadanos por la Libertad (CxL) fue notificada de su detención domiciliaria anteanoche “por autoridades judiciales y del Ministerio Público, acompañadas por la Policía”.

Berenice permanece “sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular y se encuentra actualmente en su casa con custodia policial”, indicó CxL en un mensaje en Twitter.

La modelo de 27 años, que ganó el concurso Miss Nicaragua en 2017, se había inscrito el lunes pasado como compañera de fórmula del excomandante de la “contra” antisandinista Oscar Sobalvarro para disputarle el poder al presidente Daniel Ortega y a su esposa y vicemandataria Rosario Murillo, confirmados el mismo lunes como candidatos a la reelección por el gobernante Frente Sandinista.

Horas antes de que CxL denunciara el arresto un grupo de sandinistas que se identificaron como “familiares de víctimas del terrorismo” solicitó la inhibición de Berenice ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos alegando que la exreina de belleza había realizado “apología del delito” e “incitado al odio y la violencia”.

Tras inscribirse ante el tribunal electoral, Berenice llamó a “votar masivamente” contra la “dictadura” y pidió la liberación de los “presos políticos” encarcelados desde 2018 —unos 140, según la oposición— incluidos siete aspirantes a la presidencia acusados de “traición a la patria” detenidos desde el 2 de junio pasado.

La exmiss Nicaragua es la octava candidata opositora en ser arrestada a sólo tres meses de los comicios.

A los otros aspirantes a la presidencia se los acusa de delitos incluidos en la polémica Ley 1055, como cometer “actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación, por incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, “aplaudir sanciones” y “pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.