PROGRESO, Yucatán, martes 13/07/21.– El ex alcalde José Cortés Góngora y los otros diez integrantes del cabildo 2015-2018 fueron imputados a proceso penal por el delito de cohecho, ya que el ex priista sobornó a los ediles con “cañonazos” de 110,000 para que aprobaran un contrato fraudulento.


El contrato se firmó con la empresa Consultoría en Negocios y Gestión Empresarial GG, S.A. de C.V., la que junto con Cortés Góngora defraudaron con $39.3 millones de pesos al Ayuntamiento, con la presunta compra de 5,274 lámparas.

Los vinculados, además del ex alcalde son Enrique Ordaz Martínez, síndico; María del Carmen Villanueva Ávila, secretaria de la Comuna, y los regidores Leonardo Javier Camargo Osorno, Enrique Alejandro Pool Vázquez, María Isabel Hernández Tec, Arturo Enrique Núñez Castro y Jorge Méndez Basto. Además, Gabriela Flores Chan, Margarita Peniche Linot y Jorge Casanova Simá.

La jueza de control Diana Yadira Garrido los vinculó a proceso penal y les impuso las medidas cautelares de la presentación periódica y el sometimiento y vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, así como la prohibición de salir del Estado. Medidas que tendrán vigencia por todo el tiempo que dure el proceso penal. Fijó en cuatro meses el plazo para terminar la investigación complementaria.

En Progreso era vox populi como robaba dinero el entonces alcalde, en una de las peores administraciones que tuvo el puerto, ya que “Chabelo” es un tipo sin moral ni escrúpulos, que compró las veces que quiso a los regidores, quienes vieron en el Cabildo una minita de oro, incluido el panista Jorge Casanova Simá, hermanito de la entonces presidenta municipal del PAN, Elsy. Otro de los regidores corruptos es Méndez Basto, que era presidente Municipal del PRI.

De acuerdo con datos recabados, la empresa no dio fianza, ni garantía, ni plano o mapa de donde supuestamente instaló las luminarias, cuyo contrato empezó el 15 de enero de 2017, pero no hay facturas a nombre del municipio, no hubo inventario de todo lo que se retiró para supuestamente colocar 5,274 lámparas nuevas.

Tampoco hay fideicomiso para el pago de la contraprestación del servicio, de modo que fue un contrato totalmente defraudador, con el que se le dañó con 39 millones 301 mil 111 pesos al ayuntamiento de Progreso.

Los persiguió personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por la firma del contrato, que se realizó el 23 de diciembre de 2016, a las 23:00 horas, y a cambio les dieron a 110,000 pesos en efectivo, para la suscripción de un contrato para la prestación de un servicio de alumbrado público entre el ayuntamiento de Progreso y la empresa Consultoría en Negocios y gestión Empresarial GG, S.A. de C.V.