CIUDAD DE MÉXICO, miércoles 17/03/21 (El Universal).— A casi cinco años de que la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) abriera una investigación contra distribuidores y comercializadores de gas LP, encontró que existen posibles convenios, contratos y arreglos para dividirse el mercado mexicano por lo que se les emplazó a que presenten pruebas en su defensa.

Con esto se abre la etapa de procedimiento seguido en forma de juicio en la cual los distribuidores y comercializadores de gas LP de todo el país deberán presentar sus alegatos y pruebas relacionadas con las imputaciones que se hacen en su contra.

La Cofece dio a conocer que la Autoridad Investigadora emitió el dictamen de probable responsabilidad del expediente DE-022-2017 por el que existen “probable responsabilidad” de los agentes económicos del mercado del gas LP, que pudo consistir en la realización de acuerdos ilegales, tanto para manipular precios como para dividirse el mercado de distribución y comercialización de dicho combustible.

“Estas conductas consisten en contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con alguno de los objetos o efectos anteriores”, inidcó.

Para la Cofece, el impacto que puede tener estas prácticas monopólicas absolutas afectan a los consumidores porque el gas LP es un combustible de uso doméstico que utilizan el 76% de las familias mexicanas, “de ahí que los aumentos en sus precios tengan un efecto regresivo importante en los hogares más pobres. Estos destinan 3.5 veces más de su gasto a este energético que las familias de mayores recursos”, señaló el regulador de competencia.

Una vez que concluya esta etapa de desahogo de pruebas, el Pleno de la Comisión resolverá conforme a derecho, de comprobarse las prácticas monopólicas absolutas o colusiones, las sanciones pueden ser de hasta el 10% de sus ingresos e incluso las personas físicas que las cometieron pueden recibir un castigo penal de cinco a 10 años de prisión.