CIUDAD DE MÉXICO, martes 16/03/21 (AP, EFE y El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que solicitó al Poder Judicial que investigue al juez que frenó la entrada en vigor de una nueva ley que da ventaja a la generación estatal de electricidad sobre las plantas privadas de energías renovables o de gas natural, algunas de las cuales fueron construidas por empresas extranjeras.
Durante su conferencia de prensa matutina, el gobernante dijo que envió una misiva al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, para pedirle que determine si al juez Juan Pablo Gómez Fierro “le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”.
La semana pasada, Gómez Fierro concedió amparos para frenar la entrada en vigencia de la reforma, decisión que según el gobernante se dio “vía rápida”.
Ayer, el presidente López Obrador afirmó, sin mostrar pruebas, que se conformó un “buró jurídico” para “oponerse a las obras, acciones y políticas” emprendidas por su gobierno e indicó, al leer la misiva, que “sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía causó al país sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de derecho”.
A pesar de todo, López Obrador dijo que es “respetuoso” de la autonomía del Poder Judicial y del derecho al amparo.
En respuesta a la solicitud, Arturo Zaldívar expresó en una carta dirigida al mandatario, que difundió ayer mismo el Consejo de la Judicatura Federal en su cuenta de Twitter, que la queja será remitida al área correspondiente para que de existir elementos se abra la investigación “con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como las garantías que la protegen”.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito manifestó o el viernes en un comunicado, sin mencionar al gobernante López Obrador, que ante las expresiones que ponen en duda la actuación de los jueces su “único compromiso es con la constitución y la independencia para garantizar un efectivo Estado de derecho”.
La reforma de la ley de la industria eléctrica, que fue promulgada el 9 de marzo, considera que la electricidad debe ser comprada primero a las plantas generadoras del gobierno, las cuales operan en su mayoría con combustibles fósiles como carbón, fueloil y diésel. Si resultara insuficiente para cubrir la demanda, se compraría entonces de plantas privadas de gas natural y fuentes renovables.
La nueva regulación —aprobada a inicios de mes por el Senado, controlado por Morena— es objetada por inversionistas, muchos de ellos extranjeros, que sostienen que atenta contra el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, así como con los compromisos de México de reducir las emisiones de carbono. Los inversionistas aseguran además que con la reforma se crea un monopolio gubernamental de facto, se daña la competencia y se encarece la electricidad.