DZIDZANTÚN, Yucatán, jueves 18/02/21.- Por medio del “pago por ayudas y subsidios económicos para personas de escasos recursos”, el alcalde Ismael Aguilar Puc desvía fuertes cantidades de dinero que da a sus parientes, de modo que en tres meses desvió $1,204,534.35.

Mientras que en la Comuna a los ciudadanos les dicen que no hay dinero y les niegan apoyos de traslado médico y medicamentos, la esposa, el cuñado y hasta uno de los hermanos del alcalde cobran apoyos y subsidios económicos arriba de 11 mil 475 pesos cada uno.

En varios documentos que están en poder de El Grillo de Yucatán se puede apreciar cómo el alcalde desvía millonarios recursos “a favor de su prima Neftaly Aguilar, de su esposa la presidenta del DIF, Gladis Lizama, de su cuñado Elmer Lizama, y hasta de su hermano Leopoldo Aguilar; estos últimos tres son maestros.

En más de 200 listas, con el concepto 441, “pago por ayudas y subsidios económicos para personas de escasos recursos” sólo del 1 de enero al 31 de marzo 2020, tres meses para ser exactos, “se entregó” 1.204,534.35 pesos, pero ese dinero no les llegó a las personas más necesitadas, ya que lo cobraron hijos, sobrinos y amigos de funcionarios públicos.

Entre los beneficiarios están, además de los mencionados antes, varios hijos y sobrinos de empleados del ayuntamiento, entre ellos la de la sindico, el oficial mayor, y hasta el del alumbrado público; muchos de ellos cobraron más de 10 mil pesos en tan solo tres meses.

Entre otros beneficiarios que recibieron el pago de ayuda económica, que debe estar destinado a personas vulnerables y de escasos recursos, están maestros, maestras, esposos de secretarias, incluso aparecen nombres de policías municipales y de personas dedicadas a defender al acalde en las redes sociales.  

Según el Artículo 223 del Código Penal Federal, Delitos por Hechos de Corrupción, Capítulo XII – Peculado, indica que comete el delito de peculado todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado.

El peculado o malversación de recursos públicos, es considerado un delito federal penado de dos años a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.