HOUSTON, miércoles 27/01/21 (AP).— Un juez federal de Estados Unidos prohibió ayer al gobierno del presidente Joe Biden hacer cumplir una moratoria de 100 días a las deportaciones, una prioridad clave en la agenda del mandatario demócrata sobre inmigración.
El juez de distrito Drew Tipton emitió un interdicto temporal solicitado por el gobierno de Texas, que presentó una demanda el viernes contra un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ordenó a las agencias de inmigración que pausaran la mayoría de las deportaciones. Tipton aseveró que el gobierno de Biden no había logrado “proporcionar ninguna justificación concreta y razonable para detener durante 100 días las deportaciones”.
La orden de Tipton es un golpe para el gobierno de Biden, que ha propuesto cambios de gran alcance en inmigración, incluido un plan para legalizar a unas 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin autorización. Biden prometió durante su campaña emitir la moratoria.
La orden representa una victoria para los líderes republicanos de Texas, quienes a menudo entablaron demandas para entorpecer los programas promulgados por el expresidente Barack Obama. También mostró que, así como varios gobiernos estatales y grupos a favor de la inmigración liderados por los demócratas lucharon en los tribunales contra el entonces presidente Donald Trump por asuntos relacionados con la inmigración, a menudo con éxito, también lo harán los republicanos con Biden en el cargo.
Aunque la orden de Tipton prohíbe la implementación de una moratoria, no requiere que las deportaciones se reanuden a su ritmo previo. Las agencias de inmigración suelen tener libertad para procesar casos y programar los vuelos de salida. El DHS no respondió de momento una petición de comentario.
El secretario interino de Seguridad Nacional, David Pekoske, firmó un memorando el primer día de Biden como presidente, en el que ordenaba a las autoridades de inmigración que se centraran en la seguridad nacional y las amenazas a la seguridad pública, así como en cualquier persona detenida que haya ingresado sin permiso a Estados Unidos después del 1 de noviembre. Eso significó un cambio radical de política frente al gobierno de Trump, que hizo que cualquier persona que hubiera ingresado ilegalmente al país fuera una prioridad para deportación.
La moratoria de 100 días entró en vigor el pasado viernes y benefició a casi cualquier persona que haya ingresado a Estados Unidos sin autorización antes del mes de noviembre.
En contra
El fiscal estatal de Texas, Ken Paxton, argumentó que la moratoria violaba la ley federal, así como un acuerdo que Texas firmó con el DHS al final del gobierno de Trump. Ese acuerdo requería que el DHS consultara con Texas y otros estados antes de tomar cualquier medida para “reducir, reorientar, cambiar prioridades, relajar o modificar de alguna manera la aplicación de la ley de inmigración”.
El gobierno de Biden argumentó en documentos presentados ante la corte que el acuerdo no es ejecutable porque “un gobierno saliente no puede quitar por acuerdo ese poder a un gobierno entrante”. Mientras tanto, la oficina de Paxton presentó un artículo de opinión de Fox News como evidencia de que la “negación a deportar extranjeros ilegales lleva directamente a la liberación inmediata de más extranjeros ilegales en Texas”.
Tipton, un nominado de Trump, escribió que su orden no estaba basada en el acuerdo entre Texas y el gobierno de Trump, sino en la ley federal para preservar el “statu quo” antes de la moratoria del DHS.
Paxton ha defendido causas conservadoras y de extrema derecha en la corte, incluso una fallida demanda que intentaba anular la victoria de Biden sobre Trump, mientras él mismo es investigado por el FBI por acusaciones de exasistentes de que ha abusado de su puesto para beneficiar a un donante.
En respuesta a la orden, Paxton tuiteó: “Victoria”, y describió la moratoria de deportación como una “insurrección sediciosa del ala izquierda”, una aparente referencia a la insurrección del 6 de enero en la que partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio mientras el Congreso certificaba la victoria de Biden. Cinco personas murieron durante los disturbios, entre ellos un policía del Capitolio. La Cámara de Representantes ha iniciado un proceso de juicio político contra Trump por incitar el asedio.
Kate Huddleston, de la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas, criticó a Paxton y argumentó que no se debería permitir que proceda su demanda.
“La pausa del gobierno a las deportaciones no solo es legal, sino que es necesaria, para asegurar que las familias no sean separadas y que las personas no regresen al peligro innecesariamente mientras el nuevo gobierno revisa acciones pasadas”, dijo Huddleston en un comunicado.