CIUDAD DE MÉXICO, viernes 02/10/20.- Analistas consideran que la consulta para enjuiciar a expresidentes podría ser una forma de atraer votantes a las urnas porque los comicios de medio período en México a menudo tienen una participación baja, pero algunos creen que podría desviar la atención de los problemas del gobierno actual —la economía, la pandemia de coronavirus— al centrar la atención en abusos del pasado.
Expertos y columnistas han criticado que se someta a consulta popular si alguien debe ser llevado o no ante la justicia, pues en un Estado de derecho, argumentan, debería ser la fiscalía la que decida si alguien ha violado la ley y hay indicios para sentarlo en el banquillo.
En esta línea se pronunció el jueves José Miguel Vivanco, director para América de la ONG Human Rights Watch, quien calificó la decisión de la Corte de “delirio constitucional”. “Si tienen evidencias contra expresidenes los deben investigar. De lo contrario, no hay nada que investigar. No pueden convertir al país en un circo romano”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.
En la misma red social, el columnista Jesús Silva-Herzog dijo que el alto tribunal había hecho “el ridículo” y que “la intimidación presidencial tuvo éxito”.
López Obrador lleva días sugiriendo a los jueces a que avalaran lo que calificó como ejemplo de democracia participativa y horas antes de la votación en el pleno de la Corte, ayer, insistió en que si declaraban la consulta inconstitucional, “pues no va a estar bien”.
“Y no quiero que se malinterprete, porque yo soy respetuoso del Poder Judicial, pero si no podemos consultar a la gente, entonces ¿nos vamos a conformar con elegir cada tres, cada seis años a las autoridades? ¿y el resto del tiempo, cuando no hay elecciones?, ¿vamos a estar callados, sólo mirando, sin poder ejercer nuestros derechos políticos, cuando se trata de asuntos trascendentes?”, agregó.
La ley actual permite castigar los actos de corrupción, pero no está claro si López Obrador puede investigar a exmandatarios por decisiones de política con las que no está de acuerdo, como las privatizaciones generalizadas de empresas gubernamentales llevadas al cabo por Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
López Obrador ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal caballo de batalla, pero desde su discurso de toma de posesión el 1 de diciembre de 2018 fue muy ambiguo sobre si se debería procesar o no a los expresidentes porque, por un lado, ha sostenido que nadie está por encima de la ley pero también ha defendido hacer borrón y cuenta nueva para no abonar la venganza.
Pese a su insistencia en la consulta, hasta ahora siempre ha dicho que él votaría “no” pero algunos de sus seguidores están más que alentados por la posibilidad de pronunciarse y varias decenas de ellos se plantaron ayer en la puerta de la Corte Suprema para instar a la consulta tachando a los antiguos presidentes de “traidores” y “vende patrias”.
El único exmandatario vivo que AMLO no ha puesto en la mira es Luis Echeverría, quien tiene 98 años. Una fiscalía especializada presentó cargos contra Echeverría por una masacre de estudiantes en 1968, pero un tribunal lo exoneró en 2007.