CIUDAD DE MÉXICO, viernes 23/09/20(EFE y El Universal).— El magistrado de la Suprema Corte de Justicia Luis María Aguilar propuso en un proyecto publicado ayer jueves declarar “inconstitucional” la consulta popular que el gobierno federal quiere convocar para decidir enjuiciar por corrupción a varios expresidentes del país.

“El objetivo de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos”, expresó el magistrado, encargado de analizar la constitucionalidad de la propuesta.

Aguilar señaló que la consulta planteada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llevaría a “condicionar el ejercicio y la protección de los derechos humanos a la voluntad de las mayorías, lo cual es contrario a la Constitución”.

López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con un férreo discurso contra la corrupción de los gobiernos anteriores, envió al Senado la iniciativa para que los ciudadanos elijan si el actual gobierno debe investigar y, en su caso, llevar a juicio a los expresidentes.

Aunque el mandatario es el principal promotor de esta consulta, apoyada por dos millones de firmas ciudadanas, López Obrador ya ha avanzado que votaría en contra de enjuiciarlos porque quiere evitar la venganza.

“Se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de derecho mismo”, opinó el magistrado sobre este proyecto que será debatido por la Suprema Corte el 1 de octubre.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador pidió esperar a que el pleno del alto tribunal resuelva el asunto y pidió a los magistrados actuar “con apego a la legalidad”.

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo pidió a los ministros que no se dejen intimidar y que tomen en cuenta el sentimiento del pueblo.

“Hay que esperar porque debe explicarse, no solo interviene un ministro”.

La pregunta planteada reza: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León,Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

En su propuesta, López Obrador aseguró que durante el gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) fue “cuando crecieron más” las desigualdades y que con Zedillo (1994-2000) se llevó “a sus últimas consecuencias” las “políticas privatizadoras”.

Acusó a Vicente Fox (2000-2006) de intervenir “indebida e ilegalmente” en las elecciones presidenciales de 2006, en las que López Obrador perdió frente a Felipe Calderón (2006-2012), y a este de entregar territorio a “las bandas delictivas”.

De Peña Nieto (2012-2018), dijo que recibió “grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida” en la campaña presidencial.