CIUDAD DE MÉXICO, lunes 20/07/20.- A 18 meses de que llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal carece de una estrategia clara de combate a la delincuencia organizada, de acuerdo con un análisis de la consultora Integralia.

La Guardia Nacional, componente central de la política de seguridad de López Obrador, carece de objetivos claros y métricas específicas que permitan evaluar su desempeño, se indica.

De acuerdo con el análisis de Integralia, a un año de su creación, la tasa de homicidios dolosos aumentó en seis de los diez estados que tienen la mayor tasa de elementos desplegados.

La mayoría de los delitos de alto impacto registró una disminución en el periodo marzo-mayo de 2020, como resultado de la contingencia sanitaria, que redujo las oportunidades de delinquir. En contraste, aumentó la tasa de homicidios dolosos, como resultado de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado por el control del territorio.

Estos episodios de violencia se concentraron en cinco entidades: Baja California, Chihuahua, Colima, Guanajuato y Michoacán.

La participación de agencias de seguridad en tareas de salubridad —resguardo de hospitales, traslado de medicamentos, supervisión en filtros sanitarios y perifoneo en espacios públicos— abrió espacios que son aprovechados por las organizaciones criminales para afianzar su base social y control territorial.

El decreto presidencial que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, publicado en mayo de 2020, reforzó el carácter militar de la agenda de seguridad de esta administración. Relega a un segundo plano la urgente tarea de profesionalizar y equipar a las policías estatales y municipales.

En la misma línea, se redujo 30% el presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para 2020, como resultado de las medidas de austeridad que anunció el presidente en abril.

Es probable que los rubros más afectados tengan que ver con tareas de prevención del delito, procuración de justicia y readaptación social.

Es probable —como ocurrió durante la crisis de influenza H1N1 en 2009— que los delitos de alto impacto vuelvan a aumentar conforme se reactiva la economía y se reanudan actividades. Además, es altamente probable que, ante la falta de una estrategia clara, sigan aumentando los enfrentamientos violentos entre grupos del crimen organizado.

Entre marzo y mayo de 2020 se redujeron las carpetas de investigación de la mayoría de los delitos de alto impacto, incluyendo secuestro, extorsión y robo (en todas sus categorías), de acuerdo con los últimos datos disponibles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp). Esta inusual disminución podría explicarse por el inicio de la Jornada de Sana Distancia, que redujo las oportunidades de delinquir, o por la reducción de las denuncias presentadas ante las fiscalías estatales, por temor a contagio de Covid.

Cabe señalar que los datos del Sesnsp tienen una alta cifra negra, es decir, son una porción del total de delitos que se cometen en realidad. Sin embargo, su actualización mensual permite utilizarlos como un indicador de la situación de seguridad en el país.

En contraste, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en el trimestre marzo a mayo de 2020, registró un aumento de 3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Ello refleja que, a pesar de las medidas de confinamiento, no se redujeron los enfrentamientos violentos entre grupos del crimen organizado por el control de las actividades delictivas en varias regiones del país.

A nivel estatal, la tasa de homicidios dolosos aumentó en 12 entidades: destacan Michoacán (67%) y Zacatecas (43%).

Las tasas de homicidio doloso más altas se concentraron en: Colima, por la disputa por el control del Puerto de Manzanillo; en la zona del Bajío, sobre todo Guanajuato, por el enfrentamiento entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima. También en la región noroeste del país, por la disputa por el dominio de los puntos de trasiego de drogas hacia Estados Unidos en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otro lado, a partir de una revisión hemerográfica, Integralia contabilizó 40 masacres —entendidas como eventos en los que murieron al menos tres personas, la mayoría de las cuales eran civiles— registradas entre marzo y junio de 2020. Es prácticamente el doble de las masacres que se habían contabilizado entre enero de 2019 y febrero de 2020 (24).

El aumento de la violencia ocasionó que caiga la confianza ciudadana: en diciembre de 2018, al inicio del gobierno de López Obrador, 48.8% de la población encuestada creía que las condiciones de seguridad empeorarían o seguirían igual de mal. Para marzo de 2020 ese porcentaje había aumentado a 66.5%.

Sin estrategia definida, la Guardia Nacional carece de objetivos claros y métricas específicas para evaluar su desempeño.

Desde principios de 2019 un contingente importante se desplegó a la frontera Sur para detener el avance de migrantes. En el contexto de la contingencia sanitaria, sus elementos se dedicaron también a supervisar filtros sanitarios, resguardar instalaciones de salud y trasladar medicamentos.

Los analistas y expertos consideran que la inseguridad pública se mantendrá como un riesgo alto a nivel nacional.

AGENCIAS