CIUDAD DE MÉXICO, miércoles 24/06/20.- El gobierno federal informó ayer que persigue penalmente a 43 empresas “factureras” que desde 2010 defraudaron 55,125 millones de pesos al fisco mediante un sistema de facturas falsas para evadir impuestos y desviar recursos al crimen organizado.

“Esto fue tolerado por muchos años y desde luego que participaron funcionarios públicos y les diría que algunos empresarios”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, detalló que las demanda afecta a 43 empresas relacionadas entre sí que hicieron facturas falsas a 8,212 contribuyentes. Se analizaron 22 millones de facturas por actividades que jamás se realizaron y que permitieron a dichos contribuyentes evadir unos 43,729 millones de pesos de impuesto sobre la renta (ISR) y 11,396 millones de pesos de IVA.

“Las empresas ‘factureras’ son empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. Lo que hacen es aumentar con gastos falsos los gastos de la empresa para disminuir sus utilidades y el pago de impuestos”, explicó la funcionaria del SAT.

Raquel Buenrostro dijo que también se usaron para pagar actividades ilícitas.

“Se factura un honorario de una persona de trabajos de la construcción cuando en realidad se está pagando un soborno, tráfico de drogas, extorsión, tráfico de personas o corrupción a servidores públicos”, ejemplificó la funcionaria federal.

Además de perseguir penalmente a las 43 empresas “factureras”, el gobierno federal dará un plazo de tres meses a los 8,212 contribuyentes beneficiados por estas factureras para que regularicen sus actividades o también serán denunciados.

“Vamos a enviar cartas a todos los contribuyentes invitando a que se regularicen. Muchos participaron y fueron engañados y sin darse cuenta compraron facturas a empresas vinculados con el crimen organizado”, detalló Raquel Buenrostro.

Entre los clientes de estas empresas factureras estarían instituciones como la Cámara de Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), según detalla la prensa.

“Si en el plazo de tres meses no se regularizan, tenemos que proceder legalmente. ¿Por qué lo hacemos? Porque no podemos ser cómplices. No podemos encubrir a nadie”, añadió el Presidente.

Asimismo, el mandatario advirtió que “este es un primer paquete de demandas, pero no es todo respecto al fraude de facturas falsas que ha operado en la última década en el país, que se va a continuar investigando”.

“Con una mano enfrentamos el coronavirus y con la otra, con puño cerrado, a la corrupción. Si limpiamos de corrupción al gobierno, si la desterramos, se va a lograr el renacimiento de México”, dijo López Obrador, quien tiene un férreo discurso contra la corrupción.

En 2019, México mejoró ocho posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).

EFE