CIUDAD DE MÉXICO, miércoles 26/02/20.- Durante la construcción del cancelado aeropuerto de Texcoco, proyecto emblema del ex presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional contrató a 45 empresas fantasma que recibieron alrededor de mil 778.8 millones de pesos.

En una revisión de “El Universal” a 284 contratos que Sedena entregó vía ley de transparencia, se encontró que 117 de ellos fueron asignados a 45 empresas que tienen irregularidades.

En 13 de las compañías contratadas los supuestos dueños son prestanombres, quienes trabajan de veladores, albañiles, estilistas, policías o son beneficiarios de programas de subsidios al campo o educación.

En los años 2015, 2016 y 2017, durante la construcción del que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la Sedena firmó convenios con el Grupo Aeroportuario de Ciudad de México y la Comisión Nacional del Agua por administración directa, modelo previsto que permite a las dependencias realizar trabajos sin recurrir a procesos de licitación con particulares.

En su último año de gestión, Enrique Peña Nieto registró irregularidades millonarias por falta de documentación para comprobar gastos, montos pagados fuera de norma al Estado Mayor, aviones y helicópteros que nadie utilizaba, y erogaciones a presuntos aviadores que cobraban hasta en dos nóminas del gobierno federal.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que la revisión a los gastos ejercidos en Los Pinos en 2018 derivó en nueve recomendaciones, 12 promociones de responsabilidad administrativa sancionadora y cuatro pliegos de observaciones por probable daño patrimonial a la hacienda pública.

El caso más cuantioso involucra 27 millones de pesos (alrededor de 1.427,921 dólares) que fueron pagados por diversos contratos suscritos en el último año del sexenio priista.

Según el reporte, no existen facturas que comprueben el ejercicio del dinero ni evidencia de que fueron recibidos los bienes y servicios contratados, como vestuario, alimentos, mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves, soporte técnico y gastos aduanales, entre otros.

Por otro lado, el órgano fiscalizador encontró “diferencias” por cerca de 5 millones de pesos (264,429 dólares) en el pago de “Servicios Personales”, que podrían representar un daño patrimonial.

El documento detalla que no se entregó documentación que compruebe la aplicación del dinero ejercido en remuneraciones a personal eventual, prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, primas de vacaciones y dominical, asignaciones adicionales al sueldo y otras prestaciones.

A ello se suman más de un millón de pesos (unos $52,885 de dólares) de gastos sin comprobar en tarjetas y vales de gasolina, así como 783,000 pesos (unos $41,409 de dólares) de combustible que fue cargado a nueve vehículos que no eran de alguna dependencia gubernamental.

“Se observó que nueve de los vehículos a los que les fueron suministrados 52,130 litros de combustible, equivalentes a 783.5 miles de pesos, no se encontraron registrados en el inventario de bienes de la Presidencia de la República”, destaca la investigación.

La ASF informó que tampoco presentaron evidencias de 115 personas, contratadas como eventuales, a las que pagó más de 56.2 millones.

El reporte detalla que, de ese total, 39 eventuales estuvieron contratados, al mismo tiempo, por otras dependencias, con una “compatibilidad de empleos”.

EL UNIVERSAL