MÉRIDA, Yucatán, viernes 28/06/19.- Aunque este 30 de junio vence el plazo para que las delegaciones tengan titulares, hasta ahora siguen su cargo, contra lo ordenado por el presidente, los que tomaron posesión después del 1 de diciembre.

A todos los jefes de las numerosas delegaciones en Yucatán ya los despidieron, a la fuerza, sin finiquito, sino con “retiro voluntario”, de modo que el lunes 1 de julio personal inexperto e incapaz dirigirá las delegaciones.

Una anarquía priva en las delegaciones, ya que desde el 31 de mayo dejaron oficialmente de existir los cargos de delegados y el 30 de este mes deben ya tener titulares nuevos, lo que hasta hoy viernes, último día hábil, no ha sucedido en Yucatán.

Los únicos que tienen el puesto seguro son el delegado Joaquín Díaz Mena (a) “Lechitas”; Lybdia Quiroz, de la región 1, con sede en Mérida; Mariana Cruz Pool, de la región 2, con cabecera en Progreso; Alpha Tavera, de la región 3, con sede en Valladolid, y Alejandra Novelo, de la región 4, en el sur de Yucatán. Todos estos están en una nómina federal y no dependen de alguna delegación.

El miércoles 5 de junio publicamos que, luego de que por decreto quedaron fuera los contratados el 1 de diciembre, de derecho (por ley), mientras se designa al jefe de las delegaciones, debe quedar al frente una persona de base, aunque de hecho los recién cesados siguen al frente de su delegación, como demuestra Domitilo Carballo, del INPI, antes SEDATU, quien apenas el lunes publicó en su cuenta de Facebook que se reunió con el delgado de la SCT Renán Canto Jairala.

A la que dieron de baja desde antes, debido a su incapacidad y a sus torpezas, fue a Sisely Burgos Cano, quien asiste a la PROFECO, pero ni está en nómina ni tiene el cargo.

Ni el delegado “Lechitas” atina a decir qué sucede, aunque se les ordenó que el 30 de junio ya deben tener encargados las delegaciones, personal que debe ser elegido por sus capacidades, perfiles y estudios, de modo que muchos, como Domitilo Carballo, carecen del perfil para sus puestos. El ex alcalde es doctor y atiende una delegación con características distintas a las de un médico.

Un caso detallado del desorden y de la anarquía es el de la Secretaría Agricultura y Desarrollo Rural, de donde 25 funcionarios de alto nivel dejarán de prestar funciones a partir de este 30 de junio: Un delegado, cuatro jefes de Distrito, seis responsables de Cader (Centros de Apoyo al Desarrollo Rural); tres subdelegados, ocho jefes de departamento administrativo y tres jefes de áreas operativas de programas han sido notificados desde oficinas centrales que tendrán que dejar sus cargos para pasar a “retiro voluntario”.

Aunque son cargos especializados y hay servicio profesional de carrera, le van a dejar a personal sindicalizado, (de base), que carece de experiencia para el puesto.

A los que despedirán les avisaron el viernes de la semana anterior, lo que viola leyes federales, ya que hay jefes y responsables de área que tienen entre 22 y hasta 26 años, como trabajadores federales. Sin embargo, el mayor de los problemas es que se realizará una entrega recepción de funciones de cada área y pretenden que los trabajadores de base, se hagan cargo de estas funciones.

Con esto, se advierte una vez más que al gobierno federal no le importa las condiciones de los trabajadores, sino aplicar medidas restrictivas que ahogan una vez más las funciones de la dependencia.

Las autoridades de la dependencia obligan a los trabajadores de base a recibir una entrega recepción para cubrir funciones cuyo salario es mucho mayor, sin ajustarse al pago del mismo.

“Si bien los programas que lleva al cabo la dependencia están al día, el pago de los programas sociales como: ProAgro, Crédito ganadero a la palabra y los programas agrícolas de entrega de semillas y apoyos, la situación es ¿qué sucederá el resto del año?, porque la dependencia tendrá que enviar recursos, pero nadie sabe, ¿quién se hará cargo de los mismos?, su entrega y distribución, firma y responsabilidad de certificar a las personas que reciban estos apoyos”,