MÉRIDA, Yucatán, jueves 25/10/18 (DY).- Con la advertencia de que incumplir la suspensión es un delito, la jueza 4ta. de Distrito reiteró la medida cautelar otorgada para proteger a la infancia de Homún ante el inicio de operaciones de la megagranja porcícola, informaron ayer la agrupación Ka’anan Ts’onot y el Equipo Indignación, en un comunicado.

“Las partes en el presente asunto deben entender por paralización de operaciones que solo se lleven actividades tendientes a mantener con vida a los cerdos (…) en tanto son sacados de la granja para que eventualmente esté suspendida toda actividad y se dé cabal cumplimiento a la suspensión”.

La jueza Míriam Cámara Patrón dio un plazo improrrogable de cinco días a las autoridades para que en el ámbito de sus competencias cumplan la orden federal, y a los particulares para que hagan lo propio.

Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), junto con Grupo Kekén, que se incluyó en el juicio como tercero interesado, son los particulares implicados.

Esta reiteración y explicación de la jueza se notificó ayer, un día después de la audiencia celebrada por actos atribuibles al alcalde de Homún, quien en un escrito presentado en días pasados afirmó que, en lo que a él respecta, no son ciertos los actos.

La jueza consideró que, a pesar de que el alcalde de Homún niega los hechos, existe evidencia suficiente como son los permisos otorgados, así que reiteró la suspensión.

Desacato
Los Guardianes de los Cenotes, por su parte, presentaron escritos dando a conocer que no se había cumplido la medida cautelar concedida el pasado 9 de octubre.

Esta medida cautelar, la suspensión de actividades de la granja, se concedió en el juicio de amparo cuyo expediente es el 1128/2018, promovido por niños del pueblo maya de Homún, por medio de sus representantes legales, ante el funcionamiento y operación de una granja porcícola con capacidad para 49 mil cerdos que pone en riesgo diversos derechos como el medio ambiente, la salud, el agua, el derecho al desarrollo, así como derechos de los pueblos originarios.

La jueza hizo saber a las autoridades que tienen parte en la ejecución de esta medida, es decir, al gobierno de Yucatán, a la Secretaría del Medio Ambiente (antes Seduma) y al alcalde de Homún, Manuel Chi Chim, que el incumplimiento podría dar lugar a un incidente de inejecución que podría concluir en la destitución de los cargos que hoy ocupan.