PROGRESO, Yucatán, jueves 13/09/18.- Apenas va a cumplir 15 días en la Comuna y los escándalos en la administración de Julián Zacarías Curi ya se hicieron presentes, como el caso de emplear a un ministro del culto, en franca violación a la ley.

Tal vez para tratar de evitar que “quiebre” la Comuna, como ha quebrado cuatro negocios, debido a que su soberbia lo lleva a vivir muy por encima de lo que gana, el PAN le  puso numerosos “asesores” a Julián, entre ellos Roger González Herrera.

Sin embargo, si el alcalde se siente incómodo por la marcación personal que tiene puede renunciar al PAN y declarase independiente, para poder despedir a los “asesores incómodos” y manejar a su antojo la Comuna, como si fuera de su propiedad.

Los negocios que ha quebrado Julián Zacarías, porque ninguno le aguantó su ritmo y estilo de vida son los siguientes:

1.- La ferretería que tenía en el puerto de abrigo la cerró por el quiebre que se le presentó.

2.- En diciembre de 2011, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) le clausuró el establecimiento llamado “Nitro Bar”, ubicado en la plaza comercial City Center, de la ciudad de Mérida, debido a que vendía bebidas adulteradas y con eso ponía en riesgo la vida de sus clientes.

3.- Quebró también un restaurante de sushi “Kuru Kuru”, ubicado en Plaza Galerías, debido a la poca venta, de modo que no le alcanzaba ni para pagar la renta mensual del local.

4.- En agosto de 2013 perdió otro negocio perdido, pues se le incendió la Fábrica de Estopas del Sureste. Dicen las malas lenguas que fue intencional el siniestro, para cobrar el seguro, ya que tenía muchas deudas en ese momento.

Ya como alcalde y en franca violación a la ley, Julián designó como jefe de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento de Progreso al diácono permanente Carlos Martín Pérez Vidal, quien mintió y dijo que había pedido permiso a la curia.

El alcalde ha recibido severas críticas de abogados del puerto al nombrar a un diacono permanente, ya que la Ley Orgánica Municipal indica en el artículo 29, fracción IV, que están imposibilitados a ejercer cargos públicos los sacerdotes, diáconos y ministros de algún culto religioso.(CONTINUARÁ)