MÉRIDA, Yuc., sábado 7/07/18.-El representante legal de la empresa “Caysa Constructora”, S. de R.L. de C.V., Michael Emmanuel Medina Alcocer, fue vinculado a proceso por el delito de fraude genérico, ya que hizo parcialmente, con materiales baratos y sobrecostos, una edificación de la Toyota en Altabrisa.

Rodrigo Octavio de la Peña Hurtado, Alonso Román Cuevas Ocampo y Armando Peón Mier y Terán, todos con su carácter de apoderados legales de la empresa “Automotriz Toy del Sureste”, interpusieron la denuncia correspondiente.

La juez de control Ileana Georgina Domínguez Zapata le impuso las medidas cautelares de pagar una garantía económica de 30 mil pesos; prohibición de salir de la Península; someterse a vigilancia; presentarse periódicamente, y colocación de un localizador electrónico.

Estas medidas durarán ocho meses y el cierre de investigación  se efectuará en seis meses.

De acuerdo con la denuncia, la empresa agraviada designó al ingeniero Edwin Ballina Gómez para que busque la mejor propuesta para una edificación y a pesar de existir mejores proyectos que se inscribieron en la licitación, adjudicó la obra a “Caysa Constructora”, representada también por el ingeniero Lionel Leoncio Medina Alcocer.

En diciembre de2013, Rodrigo Octavio de la Peña Hurtado, apoderado general de la empresa automotriz, firmó con el ingeniero Lionel Leoncio, representante de la constructora, un contrato de obra negra a precios unitarios y tiempo determinado, para la realización de un proyecto en Altabrisa.

Primero recibió 8.582,155.52 pesos en concepto del 30% de anticipo de los trabajos, que debieron finalizar el 20 de agosto del 2014, lo cual no sucedió.

Luego Ballina Gómez no cumplió su labor y sí, en cambio, junto con los hermanos Medina Alcocer, por medio de engaños efectuó cobros injustificados y sin razón a la automotriz por conceptos de obra que nunca se ejecutaron.

Determinó volúmenes de obras adicionales que tampoco se realizaron, que se cobraron más de una vez, ocultándolos en otros conceptos.

También hubo conceptos extraordinarios no presupuestados e innecesarios a la obra, y sobreprecios por encima de lo originales contratados que se incorporaron y autorizaron en 12 estimaciones respectivas.

Edwin Ballina se encargaba de autorizar esas estimaciones, de las que obtuvo un lucro indebido de 12.355,031 pesos.