MÉRIDA. Yuc., jueves 28/06/18.-  Debido a que se presume un “tráfico de influencias” de parte de Luis Jorge Parra Arceo, consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se interpuso un recurso de recusación ante el Tribunal Superior de Justicia, por un supuesto fraude de 25 millones de pesos que demanda el papá del funcionario al señor Juan de Dios Ávila Mena.

El abogado defensor del demandado interpuso el procedimiento en virtud de que, a todas luces, se trata de hacerle un “favor” al consejero, para que su padre, Wilberth Guillermo Parra Zapata, cobre una deuda de agio, que ha sido inflada y en la que también se han alterado los documento de manera dolosa.

Este adeudo, al parecer, fue de 120 mil pesos, en una deuda que se ha acumulado.

De esta forma, el juicio por fraude, que iba a ver el Tribunal Segundo de Juicio Oral, por 25 millones de pesos, fue suspendido.

El asunto será revisado por un órgano que no es autónomo del todo (Tribunal Superior de Justicia), pues los jueces y magistrados, de cierta forma, dependen del Consejo de la Judicatura, que es el organismo administrativo del Poder Judicial del Estado que asigna sueldos, prerrogativas y “castiga” o “premia” a los trabajadores.

Marcos Celis Quintal es el presidente del Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial del Estado.

El juicio oral está marcado con el número 20/2018 por el delito de fraude.

El caso iba a ser llevado por el Tribunal Segundo de Juicio Oral, integrado los jueces María del Socorro Tamayo Aranda, Verónica de Jesús Burgos Pérez y Sergio Javier Marfil Gómez, quienes desahogarían las pruebas presentadas tanto por la defensa como por la Fiscalía.

Fue suspendido hasta que el TSJE emita un veredicto.

Supuestamente Ávila Mena desarrolló un método de estafa bastante creíble, pues se publicitaba en la prensa, con volantes y hasta tarjetas de presentación en las que ofrecía “jugosas ganancias” a sus víctimas. Incluso tenía una cuenta de Facebook en la que promovía su negocio con la promesa de obtener mucho dinero.

Es decir, un asunto mercantil fue transformado a un hecho penal.