MÉRIDA, Yuc., jueves 31/05/18.- Desde enero del 2017, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura tenían conocimiento -y no han procedido al respecto- que en un juzgado de ejecución de sentencia opera un empleado que utiliza la información confidencial para extorsionar o engañar telefónicamente a las familias de los reclusos.

En la querella que se asentó en esos días, una señora fue contactada por el sujeto, que dijo llamarse en aquella ocasión Guillermo Pinto y ser el secretario particular del presidente del Tribunal Superior, Marcos Alejandro Celis Quintal, para informarle que quería ayudarla para que su hijo, sentenciado por el delito de homicidio calificado, recuperara su libertad.

Por ese “favor”, tendría que darle tres mil pesos y llevarle diversa documentación (copias simples de su IFE, comprobante domiciliario, acta de nacimiento, etc.), que debería entregar a la secretaria de Celis Quintal, en el edificio de “cristal”. La mujer llegó y entregó a la secretaria los papeles que le pidió ese sujeto.

Días después le pidió 5 mil pesos más, que depositaría a una cuenta bancaria mediante un Oxxo, y como no tenía el dinero, le pidió esa cantidad a otro de sus hijos, el  cual sospechó y se entrevistaron con el magistrado presidente, que negó los hechos.

La señora interpuso una querella en la Fiscalía y se citó a declarar a la secretaria, que confirmó la entrega de los documentos.

Sin embargo, cuando ya estaban avanzadas las investigaciones, se le pidió que retire la demanda, con la promesa que se le ayudaría para que su hijo salga libre cuanto antes, todo para que no se desatara el escándalo por actos que pudieran constituirse no sólo en un engaño telefónico y fraude, sino hasta un delito de peculado.

La Unidad Especializada Contra el Secuestro (UECS) pide a las personas que hayan sido víctimas de este mal funcionario, que se comuniquen con ellos, para proceder legalmente contra aquél, pues no es la primera vez que se aprovecha de su cargo para obtener un lucro indebido.

De este asunto, el Poder Judicial del Estado ha guardado absoluto silencio y se espera que emita algún comunicado para desmentir o alertar a la población.

Ayer miércoles publicamos que apareció en Yucatán una nueva forma de fraude, en la que está involucrado personal del reclusorio meridano y del Poder Judicial, que emplean la base de datos confidenciales que tienen a su disposición para chantajear a los familiares de los reos con falsas liberaciones anticipadas.

Dos personas han sido despojadas de 5 mil pesos, cada una, con la promesa de conseguirles un supuesto “oficio de liberación” por la excarcelación de un familiar que está purgando una condena.

Desde el número 65-11-01-96-46 (de los Estados Unidos), un tal José Luis Armenta, que menciona que trabaja en la “Procuraduría” (Fiscalía), se comunica directamente y le habla a la víctima por su nombre y pregunta si se es familiar de un determinado preso.