MÉRIDA.- No obstante que el abogado de José Roberto Pasos Aranda, acusado de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, intentó presentar unos documentos para acreditar que su cliente había depositado la pensión para su hija, la juez de control Blanca Beatriz Bonilla González no accedió por no haber sido incorporados los comprobantes correctamente.
Esto se dio durante la audiencia de vinculación, que fue concedida por dicha juez.
Durante la misma audiencia, la asesora particular de la querellante, la licenciada María Mercedes Monsreal, solicitó que se pida informes sobre esto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero tampoco accedió la juez, alegando que no se hizo ante la autoridad investigadora.
La asesora, ante esta situación, renunció al cargo y se nombró a la querellante un defensor público.
Fueron denunciados los hechos por la señora Wendy Maricela Bojórquez Canché.
La juez dejó en firme las medidas de firmar; garantía económica de 2 mil pesos; no salir del Estado; someterse a vigilancia, y localizador electrónico.
En la denuncia, se estableció que la querellante vivió en unión libre con José Roberto y procrearon una hija, que cuando se denunció los hechos contaba con 4 años de edad.
Es el caso que decidieron separarse a principios de mayo del 2016, siendo que desde esa fecha se comprometió de manera verbal a entregar mensualmente la cantidad de 3 mil pesos, tal como lo estuvo haciendo mientras vivían juntos.
Desde que se separaron hasta la presente fecha, supuestamente, el imputado no ha entregado dinero, incumpliendo con su deber de asistencia respecto de la menor.