MÉRIDA.- Ignacia Margarita Torres Sansores, precandidata independiente a la gubernatura de Yucatán, fue vinculada a proceso por el delito de difamación, ya que declaró a medios de comunicación que Mario Alfredo Ríos Urcelay realizó un fraude.

Ríos Urcelay es representante no gubernamental del Comité Sistema Producto Chile Habanero de Yucatán.

En la audiencia de acción penal entre particulares, el juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda le impuso a la también delegada estatal del Frente Revolucionario de Trabajadores y Campesinos de México, dos medidas cautelares.

Que firme los primeros cinco días de mes ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares y el embargo precautorio de su predio. Las medidas tendrán verificativo por todo el tiempo que dure el proceso. El cierre de investigación quedó establecido en dos meses.

Debido a las declaraciones de la mujer, “Industria Milpa Maya” le retiró el apoyo económico por más de 6 millones 400 mil pesos para un proyecto en Muna y un despacho privado para el que trabajaba, también lo despidió, de modo que dejó de ganar 10 mil pesos quincenales.

El 25 agosto pasado, en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa) en Yucatán, se presentó la ahora vinculada, junto con otras personas y efectuó una manifestación.

Ahí, acusó a Ríos Urcelay de desviar 10 millones de pesos que le proporcionó Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA-Rural), para la capacitación de productores de chile habanero del Estado.

Luego aparecieron en dos medios impresos notas informativas en las que se hacían eco de esas aseveraciones. También lo acusó de ser promotor de box, réferi, amigo del gobernador, de trabajar en el canal de televisión local del Gobierno, laborar en IDEY  y en el Comité Sistema Producto Chile Habanero de Yucatán.

La mujer dijo que Mario Ríos sólo sirve para salir en la foto y entregar recursos. También se reprodujeron otras declaraciones, en las que dijo que el desvío no sólo fue por los 10 millones de pesos por capacitación, sino que 3 millones más fueron por asesorías y 10 millones para la adquisición de paneles solares.

Las declaraciones falsas fueron refutadas con testimonios, documentos y afirmaciones del IDEY y la televisora del Gobierno, donde se descartaba que trabajara ahí.