MÉRIDA.- El martes tres de octubre de 2017, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Carlos Pavón Flores, convocó a los 130 defensores públicos y asesores jurídicos del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán y les dijo que presentó el Proyecto de Homologación de Sueldos ante el Congreso del Estado de Yucatán.

Afirmó tajantemente que, a partir de enero del próximo año (2018), los sueldos de los defensores públicos estarán homologados a los de los fiscales adscritos al Centro de Justicia Oral de Estado.

También aseguró que esta homologación estaba respaldada y aprobada por el gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello, ya que dijo haber platicado en dos ocasiones con el titular del Ejecutivo respecto de la precaria situación económica de los defensores públicos.

Este sujeto indicó que el gobernador dio su aprobación para que se dé una solución inmediata a la homologación de sueldos, ya que así se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Consejero Jurídico dijo que afínales de noviembre estaría aprobada la homologación de los sueldos de los defensores públicos con los de los fiscales adscritos al Centro de Justicia Oral del Estado, y hasta el día de hoy -6 de febrero de 2018-, no se ha tenido información de parte de personal del Gobierno del Estado, ni del propio Consejero Jurídico.

Nos dimos la tarea de corroborar si, efectivamente, se había presentado algún tipo de proyecto de aumento de sueldos a favor del personal del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán (Indepey) y se recibió información directa de los diputados locales, quienes aprobaron el paquete presupuestal para el año 2018; ellos dijeron que no sabían de algún proyecto de homologación de sueldos o aumento alguno para los defensores y asesores jurídicos del Instituto de Defensa del Estado de Yucatán y que nunca recibieron por parte de la Consejería Jurídica proyecto alguno.

Con esto violan los derechos como trabajadores de  los defensores públicos y asesores jurídicos y se incumple un mandato constitucional al no homologar los sueldos con los fiscales investigadores adscritos al CJOM, sino que el sentimiento que nos embarga es de traición y engaño por parte del Consejero Jurídico, quien prometió a nombre del Gobernador del Estado.

Es por esto, gobernador Rolando Zapata que nos dirigimos a usted a fin de que sea quien nos escuche y resuelva nuestra situación laboral, ya que el actual consejero jurídico, Carlos Pavón, únicamente nos mintió.

Le reiteramos los defensores públicos y asesores jurídicos del Instituto de la Defensa Pública del Estado de Yucatán, queremos una solución a través del diálogo, a pesar que hasta el día de hoy únicamente hemos sido engañados y traicionados por gente de su Gobierno.

Por lo cual, al continuar esta situación, nos veremos obligados a tomar otras medidas, como se ha visto en diferentes estados de la República Mexicana.

Las palabras del Consejero Jurídico constan en grabaciones que en su oportunidad se presentarán.