MÉRIDA.- El empresario Walter Francisco Lubcke Argáez solicitó y obtuvo el permiso del juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda para salir del Estado –del 29 de diciembre al 7 de enero-, a pesar de que enfrenta un proceso penal por un fraude simulado de casi $300 millones.
Hace poco buscó que se le quitara el brazalete electrónico que lleva consigo, porque según él es muy molesto, no lo deja pescar, nadar ni dormir.
Por tal motivo, la juez de control Suemy del Rosario Lizama Sánchez le indicó, en audiencia que presidió en ausencia de Bonilla Castañeda, que no se pueden modificar las medidas cautelares por capricho.
Es acusado de un fraude de cerca de 300 millones de pesos, al declararse el sobreseimiento del amparo promovido contra las restricciones a su libertad personal.
En su momento, Bonilla Castañeda ordenó que se le coloque un brazalete localizador, le prohibió salir del Estado y acudir a firmar cada mes al Centro Estatal de Medidas Cautelares, por todo el tiempo que dure el proceso.
Es el caso que el 23 de mayo del 2017, el imputado fue vinculado a proceso penal como probable responsable del delito de fraude simulado.
Para el 29 de mayo del 2015, encontrándose en la ciudad de Mérida y utilizando un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, que le fuera otorgado a su favor por su hermano William en el mes de junio del 2012, aún a sabiendas de que en uno de sus apartados tenía como excepción realizar la donación, utilizando ese documento realizó un contrato de donación gratuita.
Esta donación era con respecto a unas propiedades de fincas rústicas denominadas Sotuta y anexas Eckab y Exthonil, ubicadas en la localidad de Sotuta y municipio de Tecoh, a favor de una tercera persona, ante la fe del Notario Público Hernán Cetina Lizárraga; el valor de las fincas ascienden a los 298 millones 500 mil pesos.