MÉRIDA.- Una decisión del juez Jorge Carrillo, que se sacó de la manga una multa de 100 salarios (8 mil pesos) contra un trabajador por no entregar una notificación, estuvo a punto de llegar la sangre al río y a causar una desbandada de afiliados al Movimiento de Trabajadores del Poder Judicial del Estado, que aún no cuenta con reconocimiento oficial.
El juez segundo de oralidad familiar, que está en este movimiento, quiso atentar contra sus mismos compañeros, que le pusieron un estate quieto por el coordinador de la central de actuarios.
Le dijeron al líder del movimiento, Renán Marcelino Puc Chi, que si intervenía en favor de ese juez iban a dejar de apoyarlo, de modo que éste desistió en su intención de mediar en el conflicto.
Lo anterior porque fácilmente perdería más de 50 afiliados.
Al final de cuentas, al juez se le cortaron las alas, pues al tal Carrillo no le parece que cuando va un actuario a notificar y no encuentra la persona y se levanta un acta, las cosas se atrasen.
Por eso habilita a los actuarios a trabajar todos los días y a todas las horas, violando la ley y los derechos de los trabajadores.
En lugar de multar, lo que debió de haber hecho fue dar parte al Consejo, a la Comisión de Disciplina, cosa que no hizo. Nadie debe ser juez y parte.