MÉRIDA.- (El Grillo Mayor) La consejera Sara Luisa Castro Almeida, quien ha destacado por el acoso laboral, venganzas, persecuciones, odios, etc., en contra del personal de Poder Judicial, pero en especial en perjuicio de las de su mismo género.

Sara Luisa, en aras del principio de “contradicción”, que avalan consejeros y magistrados, tomará parte en la mesa panel “Acciones contra la violencia hacia la mujer”, en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”.

Esta perorata sin sentido tendrá lugar el próximo lunes 27 de noviembre, a las 10 horas, en el auditorio “Víctor Cervera Pacheco”, del Tribunal Superior de Justicia.

Esta mujer, como parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Yucatán desechó como improcedente una denuncia por “mobbing” (acoso laboral) que interpusieron siete funcionarias en contra de la ahora ex administradora del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, Viridiana Acevedo Ceballos.

Lo anterior, contrario a los que supuestamente predica el Nuevo Sistema de Justicia Oral, como es el derecho a la adecuada defensa y la contradicción, pues después de dos años nunca investigó y recabó las declaraciones de los afectados, dejando en claro este órgano su parcialidad, pues únicamente aceptó las pruebas de esa funcionaria y los jueces, que sabían de su trato prepotente, no hicieron algo para evitarlo.

Este procedimiento administrativo se interpuso en agosto del 2014 y después de dos años fue desechado con pretextos que no llegaron a argumentos.

El acoso laboral o “mobbing” es una conducta que se presenta en el ámbito laboral con el objeto de intimidar, opacar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o satisfacer la necesidad que suele presentar el hostigador, de agredir, controlar o destruir.

En ese tiempo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán nunca intervino para investigar por oficio la actuación de magistrados y consejeros del Poder Judicial del Estado, cuando no era lógico que siete personas se quejen (otras más no lo hicieron por temor) y nada más la señalada tenga la razón.

También ha acosado laboralmente a la juez Rubí Guadalupe González Alpuche, que no se ha prestado al manipuleo de consejeros y magistrados.

Esto demuestra, una vez más, que el nuevo “zar anticorrupción”, Enrique Goff Alloud, es un “cero a la izquierda” en cuanto a derechos humanos y en su lucha contra la impunidad, sólo será el escudo protector de los funcionarios que lo ayudaron a llegar al poder. No hay pierde.