MÉRIDA.- En todo México existe un marcado interés por impulsar una contrarreforma del Nuevo Sistema de Justicia Penal, debido a la percepción en la gente en general del aumento de la inseguridad e impunidad, al ser hipergarantista en los derechos de los presuntos delincuentes. Por eso, los gobernadores de México se preparan para impulsar una serie de cambios.

Sobre este sistema, aprobado con la reforma constitucional del 2008, pero que entró en vigor hace un año en el país, pesan cuestionamientos sociales y políticos sobre la nueva administración e impartición de justicia en el país.

Es una realidad actual y ahora miles de reos salen de las cárceles apelando beneficios del nuevo modelo acusatorio y esto ha prendido las alertas, principalmente entre el grupo de gobernadores de la Conago, que buscan reformar el nuevo sistema penal para ampliar el catálogo de delitos donde se pueda aplicar la prisión preventiva oficiosa al presunto sospechoso.

Con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia, solamente siete ilícitos, considerados en el Código Penal Federal, son considerados como graves y obligan a los inculpados a la prisión preventiva oficiosa.

En el resto de los casos cualquier, indiciado puede alcanzar la libertad mediante el pago de una finanza y también, como ocurre en Yucatán, solicitando una medida cautelar diferente a la prisión.

En estos momentos, en Yucatán, cientos de presos apelan a las medidas cautelares, pero en especial los privados de su libertad por delitos como fraudes (no obstante los millones de pesos que han obtenido ilícitamente).

Es decir, piden a los jueces del “antiguo sistema” que les impongan medidas diversas, como brazaletes electrónicos.

Estos aparatos son suministrados por una empresa ligada a un alto funcionario del Gobierno del Estado y que por la renta de cada uno se embolsa miles de pesos.

Eso es lo que ha hecho que por todo el país se alcen las voces para señalar la posibilidad de que miles de reos procesados por el sistema de fallo penal mixto, vigente hasta el 15 de junio del año pasado, puedan beneficiarse con libertades anticipadas, luego de que los delitos por los que están procesados o sentenciados han dejado de ser considerados como graves.

En pocas palabras, en Yucatán sólo estarán privados de su libertad los violadores, homicidas y dos o tres secuestradores.