MÉRIDA.- En el “encontronazo” que se dieron el magistrado Marcos Alejandro Celis Quintal y el diputado panista Elías Lixa Abimerhi, el también presidente de los consejeros salió tan mal parado, que quedó exhibido como un chiquillo berrinchudo que después de hacer de las suyas pide respeto.

En resumen, un alto funcionario del Poder Judicial, al respecto comentó: “Cómo carajos ataco para defenderme, cuando no estoy cumpliendo con la Ley”.

Incluso, todas las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado de Yucatán, ante tal situación, refrendaron que NADIE DEBE ESTAR POR ENCIMA DE LA LEY y que Celis Quintal puede interponer los recursos que quiera para inconformarse porque le están quitando el fuero acotado, pero que como funcionario público debe de transparentar sus actuaciones, no importa de quién se trate.

Le aclararon al “Doctor en Derecho”, que no se equivoque, que no le quitaron del todo el privilegio del fuero, sino que nada más a ellos (los magistrados) se les mantiene en forma acotada.

Esto quiere decir, que no se les puede dejar indefensos en sus labores jurisdiccionales, que son sus resoluciones, que sean para bien, para mal o para ganar sus buenos pesos, aunque “haga más daño un mal juez que un delincuente”.

Que nada más, como cualquier mortal, ya no tienen fuero en el ámbito personal.

Como ejemplo, se le pinta lo que ocurrió no hace muchos ayeres con la magistrada Ligia Cortés, que, en “uso de su fuero” o prepotencia, porque en una mueblería no le entregaron a tiempo una sala que compró, movió a todo un ejército de polijudiciales para que le cumplan.

El verdadero temor de Celis Quintal es que, al ser también presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano político-administrador del Poder Judicial, sí se le puedan fincar responsabilidades de tipo penal.

Esto en consecuencia en claros desvíos de recursos del Fondo Auxiliar del Poder Judicial (se habla de por lo menos 40 millones de pesos), peculado, etc.

Si no transparenta el acta de mayo pasado, donde supuestamente el Pleno del Tribunal Superior de Justicia acordó interponer un amparo porque les estaban quitando el fuero, es porque no todos los magistrados signaron dicho documento y se está especulando que unas firmas fueron falsificadas.

Esto sí le acarrearía problemas de tipo legal y hasta de su encargo, porque es presidente del Conatrib.

Claro está que su asesora de Comunicación Social, Fernanda Matus,  fracasó una vez más y en vez de ayudarlo, lo expuso y dejó ver ante la sociedad como un ser falto de humildad.

Errar es de humanos y de sabios reconocerlo, por eso de que no tuviera en su portal las actas del Tribunal, que demostró que sí estaba mal y que por ley debían de estar actualizadas, luego de más de 490 días de no hacerlo, pero eso de amachinarse, atacar, tomar represalias, boicotear, etc., deja en claro que es berrinchudo a más no poder. Pos qué le pasa, nadie lo odia, señor magistrado.

Incluso, en este pleito, también entró Raúl Paz Alonzo, presidente del PAN en el Estado. El ambiente se enrareció, porque “tan malo es el giro como el colorado”.

No es el primero

Sin embargo, Marcos Celis no tiene por qué estar asustado (no se le vaya a alterar otra vez el lupus y se le paralice el rostro de nuevo), ya que los magistrados, a pesar de todo, en Yucatán, siguen siendo los grandes consentidos.

Ejemplo claro es la protección que goza el Presidente del Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, César Antuña Aguilar.

Este funcionario, tiene nada más y nada menos que 8 años, sí, 8 años, de no transparentar información de los sindicatos que supuestamente regula.

Fue denunciado el 31 de mayo pasado, por los integrantes del Movimiento de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, por su falta de transparencia.

La respuesta lacónica por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública fue que tenía un año para emitir un simple “extrañamiento”.

Vaya, hasta el Consejo Nacional de Transparencia se hizo al mismo.

Incluso, Antuña Aguilar, que también, irónicamente, es dependiente del Poder Judicial del Estado y su jefe es Celis Quintal, se ha negado a reconocer al Movimiento como sindicato y les ha puesto numerosas trabas.

Es por eso que se promovió un amparo por su negativa a reconocer el legítimo derecho de los trabajadores y esto lo ganaron los empleados.

Sin embargo, Antuña se emperró en su negativa y se inconformó con el amparo que le ganaron, porque no le gustó que le hayan ordenado que cumpla con reconocer el movimiento laboral.

Es por eso que se corrió trámite a un Tribunal Colegiado para que, ahora sí, se le desafuere, pero eso está en chino, porque no hay que olvidar que estamos en México, donde la CORRUPCION SOMOS TODOS.

Así que sigamos siendo TODOS GRILLOS y continuemos colaborando.