MÉRIDA.- El supuesto temor que tienen los magistrados del Poder Judicial del Estado, que siguen moviendo un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que continúen teniendo fuero, es totalmente injustificado.

Veamos porque: ellos, como juzgadores de las diversas salas del Poder Judicial, aunque lo hagan con dolo y descaradamente, como ocurre siempre, no incurren en delitos, sino en “errores de apreciación”, que no es lo mismo y en estos asuntos, fácilmente proceden los juicios de amparos. Simple y llanamente no se les fincan responsabilidades penales.

El fondo del asunto es que el que realmente incurriría en una responsabilidad de carácter penal es el magistrado presidente del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura y presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), Marcos Celis Quintal.

Es decir, los magistrados buscan “cubrirle la espalda” a Celis Quintal, que al ser también consejero de la judicatura, que es el órgano político-administrativo del Poder Judicial, que maneja los fondos de esta institución, sí puede incurrir en un delito, desde peculado a desvío de dineros, etc., etc.

Conocido es que el Consejo de la Judicatura anda más que chueco, porque desde junio del 2016 no transparenta el manejo de los recursos públicos de este órgano y también no hace públicas sus actas en su página electrónica.

Tanto más anda mal el Poder Judicial del Estado, que su página no informa de las audiencias públicas del Centro de Justicia Oral de Mérida, en todas sus salas y tribunales, que desde agosto pasado “está desfasada”, como si los encargados de las salas no hicieran su chamba. Váyanse poniendo las pilas, plis.