Por: El Chaquiste Puruxón                                MÉRIDA.- La justicia fue expulsada de nuestra tierra, ya que sólo el derecho aplica en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Yucatán, estado en el que la impunidad es el pan nuestro de cada día y si no lo creen pregúntenle a la juez más conocida por su falta de tino, Suemy “La Suavecita” del Rosario Lizama Sánchez, que no da pie con bola.

Esta juez aplica el pobre criterio, que, esperamos ya le cambie, de que todo “presunto delincuente” tiene más derechos que la propia víctima, la cual en muchos casos para esta juzgadora parece que miente ante la ley.

Por ejemplo, le bastó con cobrarle 200 mil pesos a la señora Laura Beatriz Cuéllar Padrón para garantizar su libertad, luego que se embolsó 46 millones 700 mil pesos por falsificar dos pagarés de su finado suegro Mario Faustino Uc Cuevas, ex presidente de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca).

Vaya, si enumeramos sus “erratas”, les vamos a dormir.

Con este ejemplito, sólo se ilustra lo que se vive no sólo en Yucatán, sino en todo el país, donde la percepción de la inseguridad, gracias a este sistemita, se está manifestando de manera violenta, con linchamientos.

Para colmo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sólo atiende los casos por “línea”, se sacó de la manga la idiotez de que ya no serán delitos graves la friolera de 24 ilícitos.

Es decir, a los que cometan alguno de esos delitos ya no irán a la cárcel.

Estos 24 delitos sis lis siguientes:

Homicidio culposo; lesiones, aborto; lesiones por contagio; daño a la propiedad; ejercicio ilegal del servicio público; evasión de presos; suministro de medicinas nocivas o inapropiadas.

Ataques a las vías y a los medios de comunicación; delitos contra el ambiente y actos de maldad o crueldad animal; lesiones culposas; procreación asistida; esterilización forzada; peligro de contagio; privación de la libertad con fines sexuales; violación cuando entre la víctima y victimario exista el vínculo de pareja, concubinato o matrimonio.

Acoso sexual, abuso sexual, estupro y delitos contra el cumplimiento de las obligaciones alimentarias; violencia familiar y violencia familiar equiparada; discriminación; amenazas; allanamiento de morada; delitos patrimoniales cometidos por un descendiente, ascendente, cónyuge, adoptante, adoptado, concubino, pareja permanente o pariente hasta el segundo grado de consanguineidad; robo sin agravante; abuso de confianza y abuso de confianza equiparado.

En resumen, ¡Viva México, cabrestos!, Impunidad y más que impunidad.

Aterrizando en cosas menos graves, pero sí que son curiosas y que hasta chivean, les chismeamos que en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) y los Juzgados Penales del Estado, no existe vigilancia alguna, pues los policías de la Secretaria de Seguridad Pública, que estaban asignados para la vigilancia de dichos recintos, no se encuentran desde el pasado lunes.

Esto es preocupante porque suele suceder que cuando se celebran audiencias o diligencias en esos juzgados, los altercados, pleitos o discusiones con las partes son comunes y por eso es necesario el auxilio de los polis, además que son los encargados de la seguridad a fin de vigilar o detectar si alguna persona porta un arma o un instrumento prohibido antes de ingresar a los propios juzgados.

Asimismo, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado continúa con su negligencia de no asignar personal suficiente en los Juzgados Penales y de Ejecución de Sentencias del Estado, a fin de realizar en tiempo y forma los diversos trámites, actuaciones y resoluciones que se llevan al cabo.

Existe una carga notable y excesiva de trabajo, más aún que varios funcionarios judiciales fueron obligados a jubilarse y no se ha contratado nuevo personal que ocupe dichos puestos, por lo cual varios de ellos tienen que hacer doble función de labores, como secretarios y actuarios, así como sólo laboran tres o cuatro técnicos judiciales asignados en cada juzgado.

Asimismo, sólo existe un actuario por cada juzgado, que tiene que efectuar hasta 100 cédulas de notificaciones por día, en todo el Estado de Yucatán, trasladándose en vehículo, es decir conduciendo hasta doce horas por cada día de labores, sin descanso alguno.

Actualmente el juez primero de ejecución de sentencias del Estado, Manuel Jesús Ek Herrera, se encarga del despacho de los tres juzgados de ejecución de sentencias, ya que los jueces segundo y tercero de ejecución de sentencias se encuentran de vacaciones.

Mientras esto sucede, los consejeros de la Judicatura del Poder Judicial, Marcos Celis Quintal, Silvia Carolina Estrada Gamboa, Sara Luisa Castro Almeida, Melba Angelina Méndez Fernández y Luis Jorge Parra Arceo, gozan plácidamente de sus vacaciones, sin preocuparles en forma alguna los funcionarios judiciales y la impartición y administración de justicia.