MÉRIDA.- El Ayuntamiento de Mérida deberá pagar por lo menos 285 millones 592 mil 58 pesos a Banco Santander por concepto de rentas vencidas del contrato de arrendamiento de 82,430 luminarias de inducción magnética, cancelado por el ex alcalde Renán Barrera Concha, más intereses moratorios y las costas del juicio mercantil que esa institución interpuso contra la Comuna meridana.

La administración de Angélica Araujo Lara, responsable de contratar ese polémico arrendamiento, alcanzó a pagar 17 mensualidades equivalentes a $132.832,708, a razón de $7.813,688 al mes.

Su sucesor, Barrera Concha, liquidó cuatro mensualidades completas, por un importe de $31.254,754, y tres mensualidades, de enero a marzo de 2013, por un total de $19.141,839, correspondientes a la renta proporcional de las lámparas que funcionaban correctamente en ese entonces, hasta antes de la cancelación definitiva del contrato.

En lugar de las lámparas chinas de inducción magnética, colocadas por Angélica Araujo, caras y de mala calidad, Barrera Concha instaló otras de vapor de sodio, como las que existían antes en la ciudad, con un costo total de $178.288,821, menos de la mitad de lo que costaban las lámparas chinas.

El polémico contrato, que dio a conocer Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, en una serie de reportajes publicados en marzo de 2011, se inició con la aprobación del Cabildo el 15 de enero de ese año, del “Proyecto de Ahorro y Eficiencia Energética del Municipio de Mérida” que presentó la alcaldesa Araujo Lara, y de la licitación respectiva.

Lámparas

Aquella era por un contrato de arrendamiento de 82,430 luminarias de inducción magnética para sustituir a las de vapor de sodio que se encontraban funcionando, por la cantidad de $468.821,323, IVA incluido, pagadero a 60 meses. El plazo empezó a correr el 1 de marzo de 2012 y debía terminar el 29 de febrero de 2016.

El propósito principal del arrendamiento, según la entonces alcaldesa, era aumentar el nivel de iluminación de la ciudad y ahorrar en el pago a la Comisión Federal de Electricidad por el servicio de alumbrado público.

El Ayuntamiento firmó el contrato de arrendamiento con AB&C Leasing el 16 de marzo de 2011.

Ese documento establecía que la empresa se comprometía a poner las nuevas luminarias y a reemplazarlas inmediatamente cuando fallaran en forma recurrente, por otras de las mismas características, sin costo adicional para la Comuna.

Cesión

Sin embargo, un mes después, AB&C Leasing cedió los derechos de cobro de esas lámparas a Banco Santander, que para asegurar el pago firmó con Angélica Araujo y varios de sus funcionarios un contrato de factoraje y 16 contratos de prenda el 11 de abril de 2011, pero sin la autorización del Cabildo, como lo marca la ley.

Esos contratos creaban obligaciones distintas a las asumidas en el contrato de arrendamiento con AB&C Leasing.

Por ejemplo, en el párrafo primero de la cláusula quinta de ese contrato se establece que el pago de la renta mensual se encuentra condicionado a que las luminarias arrendadas presten un servicio eficiente, continuo y normal, y que el Ayuntamiento pagará el servicio del equipo que se encuentre funcionando, no por el defectuoso o que esté apagado.

Empero, en el contrato de factoraje cambian estas condiciones originales y se fijan otras contrarias al interés del Ayuntamiento. Una de ellas, por ejemplo, es la que autoriza a Santander a descontar mensualmente la cantidad de $7.813,688, por concepto de renta, de una cuenta domiciliada de la Comuna, sin importar si todas las luminarias funcionaban o no, como se preveía en el contrato de arrendamiento.

Pese a esta arbitrariedad, las administraciones de Angélica Araujo y del alcalde interino, Álvaro Lara Pacheco —quien reemplazó a Angélica Araujo cuando ésta pidió licencia para buscar la candidatura del PRI al Senado— pagaron puntualmente y completas 17 mensualidades, de marzo de 2011 a agosto de 2012.

El gobierno de Barrera Concha, que asumió el cargo en septiembre de 2012, sólo pagó cuatro mensualidades, de septiembre a diciembre de 2012, por un monto total de $31.254,754. En 2013, Barrera Concha liquidó tres mensualidades al banco —enero, febrero y marzo—, por $6.4 millones aproximadamente cada una, para un total de $19.141,839 en ese período, que era la cantidad correspondiente al número de lámparas que funcionaban. Para ese entonces la Comuna hablaba de 15,000 lámparas apagadas por fallas técnicas.

Suspensión de pago

En total, el banco cobró $183.229,265, igual al 39% del arrendamiento pactado.

La Comuna quedó a deber $285.592,058.

En abril de 2013, Barrera Concha anunció que el Ayuntamiento dejaría de pagar el resto de las rentas ante la negativa de AB&C Leasing de no responder por las lámparas apagadas y el jueves 25 de ese mes, con la autorización del Cabildo, canceló anticipadamente el contrato con esa compañía.

A partir del 17 de junio de ese año y durante los siguientes cuatro meses, el Ayuntamiento se dio a la tarea de bajar todas las lámparas de inducción magnética arrendadas por AB&C Leasing y Santander —y que habían ocasionado una disminución del 40 por ciento en el nivel de iluminación de la ciudad— y sustituirlas por otras de vapor de sodio.

La operación le costó al Ayuntamiento $178.288,821, por la adquisición de 72,000 de esas luminarias.

Para pagar esa suma, la Comuna contrató un crédito bancario a 26 meses —se terminó de liquidar en la misma administración de Renán Barrera—, a razón de $6.603,289 al mes. Esta cantidad incluía el costo del equipo, su instalación, garantía y financiamiento.

La cifra es sustancialmente más baja que la acordada por Angélica Araujo con AB&C Leasing. Barrera Concha pagó $2,476 por cada lámpara de vapor de sodio, hechas en México y con sello FIDE (éste garantiza que se trata de un equipo ahorrador y apto para el alumbrado público, lo que no tenían las luminarias de AB&C Leasing). Angélica Araujo arrendó lámparas chinas ilegales con costo de $5,687.

La administración anterior ordenó guardar las lámparas de inducción magnética en tres bodegas en el sur de la ciudad con un costo mensual de $66,000, desde junio de 2013, y ponerlas a disposición del banco.

Demandas

Como hemos informado, Banco Santander demandó a la Comuna por la falta de pago de por lo menos 35 rentas mensuales y un juez de Distrito, y luego un tribunal colegiado, falló a su favor y sentenció al Ayuntamiento a pagar. En reciente decisión, la Suprema Corte mantuvo firme esa sentencia.

Aún no se sabe la cantidad exacta que la Comuna actual deberá pagar a ese banco. La suma de rentas vencidas ascendería a $285.4 millones aproximadamente, más los intereses moratorios que el juez debe calcular y los costos del juicio, de los que no se sabe la cantidad y si están incluidos en la sentencia, aunque Santander reclama su pago. (Diario de Yucatán)