MÉRIDA.- En lo que se volvió un tremendo lío familiar, en pleito por dinero del difunto Mario Uc Cuevas, la juez desatinada de control Suemy del Rosario Lizama Sánchez vinculó a proceso a Laura Beatriz Cuéllar Padrón, nuera del ex empresario pesquero, por falsificar dos pagarés con las firmas del ahora difunto.

Con este fraude, Laura Beatriz, esposa de Mario Uc, hijo del finado y quien fue presidente de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) se apoderó de 46 millones 700 mil pesos.

En una decisión poco atinada, como la inmensa mayoría de las que toma, la juez Lizama Sánchez jugó como desproporcional la medida cautelar de prisión en contra de la ahora vinculada a proceso y le impuso otras acciones en su contra.

Le exigió que depositara una garantía económica de 200 mil pesos; no salir del Estado sin autorización judicial; someterse a la vigilancia del Centro Estatal de Supervisión de las Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso; firmar ante el referido centro una vez al mes; colocación de localizador electrónico, y no acercarse a la víctima directa a 300 metros, a menos que sea para tratar de solucionar el asunto.

Estas medidas subsistirán durante seis meses y se cerrará la investigación en tres meses. Karim Moisés Roche Cortez interpuso la denuncia en contra de Laura Beatriz.

El 17 de junio del 2014, la mujer promovió formal demanda en Juicio Ejecutivo Mercantil en contra del finado Uc Cuevas, que murió en el 2012. Laura Beatriz alegaba que el finado, en fechas 7 de enero y 7 de febrero del 2005 suscribió a su favor dos pagarés, los cuales eran de 10 millones de pesos cada uno, con interés moratorio del 3% mensual.

Ello utilizó como base de su demanda mercantil y como aparentemente estos documentos no fueron suscritos por Uc Cuevas, se comprobó la falsificación por medio de un perito en documentología.

El juez del conocimiento emplazó de la demanda al difunto y después a la sucesión testamentaria de aquél, se siguió la tramitación del proceso instaurado hasta culminar con sentencia definitiva de primera instancia favorable a los intereses de la demandante, que buscaba embolsarse los casi 47 milloncejos de pesos.

Sin embargo, los deudos no creyeron esta versión y demandaron que se efectúe un peritaje de las firmas.