MÉRIDA.- No obstante la grave crisis económica que se vive en el país, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado aprobó un acuerdo para establecer un fondo para el retiro de los magistrados.
Lo anterior se probó pese a que el Poder Judicial desde hace años se encuentra en “quiebra”, mientras que los trabajadores piden aumentos en sus sueldos, pago de bonos que han estado disminuyendo y otras prestaciones que les han estado debiendo.
Incluso, se han dado casos de trabajadores a los que no se les ha pensionado y uno de ellos ha muerto, pues se vio obligado a ir a trabajar con una bolsa de diálisis y al que siempre se le negó el beneficio a que tenía derecho.
Lo aprobado se refleja en el acuerdo general ex23-161214-01 que establece que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial es el órgano para resolver todos los asuntos para poner en marcha un fondo para el otorgamiento del haber por retiro para los magistrados que conforman los tribunales.
El haber por retiro vitalicio será equivalente al sueldo nominal que corresponda a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en activo, durante los dos primeros años, y el 80 por ciento de éste, a partir del tercer año del retiro.
Para tal fin, los tribunales que forman el Poder Judicial deberán incluir en sus presupuestos la suficiencia financiera para el pago del Haber por Retiro, recursos que formarán el citado fondo y servirán para cumplir con la obligación del pago del Haber por Retiro a los magistrados del Tribunal correspondiente.
Este fondo provendrá del aumento en el presupuesto del 2017 al Poder Judicial, que fue de 47 millones de pesos, que prácticamente han sido “etiquetados” para los magistrados y de esta forma crearles problemas con sus subordinados, que han estado buscando mejoras salariales.
Para que un magistrado se retire con el 100 por ciento de su sueldo, nada más tiene que cumplir 15 años de servicio, cuando un trabajador normal tiene que cubrir el doble de tiempo.