MÉRIDA.- Ante los actos violatorios a sus derechos humanos y laborales, la juez penal Rubí Guadalupe González Alpuche promovió una formal demanda de juicio de amparo indirecto, contra el Pleno del Consejo y el presidente del Consejo de la Judicatura del Estado.

La demanda quedó radicada en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán.

Rubí procedió contra sus superiores jerárquicos, porque el Consejo de la Judicatura, que preside Marcos Alejandro Celis Quintal, “adscribió” a la licenciada como Juez Cuarto Penal, motivo por el cual promovió un recurso de revisión.

Este juzgado va a cerrar en breve y esa medida se tomó en represalia, a fin de dejar sin puesto a la juzgadora, que tiene 42 años laborando para el Poder Judicial del Estado.

Este recurso fue desechado de manera unilateral por Celis Quintal, en su carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia, cuando es competencia y facultad del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado resolver esa situación.

Cabe señalar que la campaña de hostigamiento en contra de Rubí obedece a que ella puso en conocimiento de la superioridad diversas anomalías, irregularidades y conductas ilícitas, al parecer solapadas y fomentadas por el Consejo de la Judicatura.

Las conductas son atribuidas a la secretaria de acuerdos María Regina del Carmen Sansores Mojón y al secretario auxiliar Carlos Hernán Ramírez Ojeda, cuando ambos funcionarios estaban adscritos al Juzgado Primero Penal, a cargo de la licenciada González Alpuche.

Los actos consistieron en la falsificación de la firma de la juzgadora en documentos oficiales, los cuales fueron informados a dicho órgano.

El Pleno del Consejo, como “castigo”, comisionó a la Sansores Mojón, como secretaria de acuerdos del juzgado primero de ejecución de sentencias, hasta el 31 de enero próximo.

Lo mismo hizo con Ramírez Ojeda, al que mandó como auxiliar del Juzgado Segundo Penal, hasta la misma fecha.

Lo anterior cuando era ineludible proceder a una suspensión de funciones a los probables responsables de este hecho delictuoso, que es falsificar la firma de una autoridad judicial penal.

Como castigo a la juez, se mandó a la juez al Juzgado Cuarto Penal, siendo que hasta la fecha no se ha iniciado procedimiento administrativo contra estos funcionarios, como fue acordado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, atribuyendo de esta forma el carácter de “involucrada” a la juez Rubí González, que de denunciante pasó a ser víctima.