MÉRIDA.- De manera sorpresiva, por no decir traicionera, y sin aviso previo, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado intercambió de juzgados a los jueces Jorge Andrés Vázquez Juan y Rubí Guadalupe González Alpuche, motivo por el cual la juez interpuso un recurso de revisión, ya que considera que el movimiento es una venganza en su contra.
La juez González Alpuche no aceptó la orden que tomó de manera “sorpresiva” el Consejo de la Judicatura “para efectos legales que correspondan” –el 26 de octubre, mediante el oficio 2236, en el “2016, Año del Centenario del Congreso Feminista de Yucatán”- en su décima primera sesión ordinaria celebrada el miércoles pasado.
Más porque se trata de un caso de discriminación y violencia institucional contra la mujer.
El que era Juez Cuarto Penal, Jorge Andrés Vázquez, pasó desde ayer al Juzgado Primero Penal, que ocupaba hasta el miércoles la juez Rubí Guadalupe.
Los juzgadores no pudieron “cambalachear” sus despachos, pues la juez no estaba conforme con esta orden y por ello recurrió al recurso de revisión y suspensión de este procedimiento. Además no se había efectuado un inventario en ambos juzgados.
Esta medida se dio, al parecer, porque a los miembros del Consejo de la Judicatura nunca les ha simpatizado el hecho que no sea dócil y no se someta a sus “órdenes”, como los demás jueces.
La juez, en abril y septiembre pasados, había enviado sendos escritos al Consejo, en los que informaba de algunas irregularidades que cometía personal de los juzgados, que es solapado por un par de consejeras.
Sin embargo, en lugar de investigar aprovecharon para desquitar su coraje en contra la juez, para buscar la forma de perjudicarla.
Uno de los reportes señala la falsificación de su firma en algunos documentos.
Esta juzgadora, estando en el Juzgado Segundo Penal hace no muchos meses, no aceptó la orden del Consejo de la Judicatura de firmar la liberación de los billetes de póliza que amparan fianzas, por varios millones de pesos, en los casos que aún no han concluido y por eso fue enviada al Juzgado Primero para que otro juzgador haga el trabajo sucio.
Esta medida obedecía al quebranto económico del Poder Judicial que busca hasta por debajo las piedras de donde sacar dinero para cubrir sus gastos excesivos.
También estaba a punto de enviar un reporte sobre un presunto caso de peculado con billetes de póliza, que se detectó en el Juzgado Primero Penal, de más de 3.5 millones de pesos, en el Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado, que desviaron ex empleados, en contubernio con un magistrado, una afianzadora y abogados particulares.
De estos último ha habido encubrimiento oficial, a pesar de las denuncias.
La juez, no retiró ayer sus cosas de su despacho –y tampoco lo hizo el juez Vázquez Juan- y acudió al Consejo de la Judicatura para exponer de viva voz su molestia.