MÉRIDA.- Cansados de la ineptitud y falta de profesionalismo de los jueces que liberan a Armando Abraham Cruz Quijano alias “Koyac”, un peligro ladrón, Vecinos del centro y de las colonias Delio Moreno Cantón y Melitón Salazar protestaron por la liberación del ladrón asegurando que ellos mismos lincharan al sujeto si no le dan solución.
Los vecinos acusan de “tibio” al juez Luis Edwin Mugarte Guerrero, pues liberó al sujeto sin tomar en cuenta su “peligrosidad”, y le ofreció un procedimiento alterno.
Ya estamos cansados de ser siempre los que salimos perjudicados y será Mugarte y nada más él, el culpable de que linchemos al Koyac”, advirtieron.
En noviembre pasado, Cruz Quijano confesó su participación en un robo con violencia y se acogió a los beneficios del procedimiento abreviado para obtener la libertad.
En esa ocasión, los abogados de “Koyac” pactaron una condena de un año cinco meses y 22 días con el Ministerio Público, una multa de 23 días por ser un delito doloso y el pago de la reparación del daño, que asciende a seis mil pesos a favor del denunciante, quien no se opuso a ese procedimiento.
En esa ocasión la juez de control Suemy Lizama Sánchez fue quien lo liberó, ya que estaba en prisión preventiva, denunciado por Pedro Renán Rodríguez Núñez.
El 31 de octubre del año pasado, Armando Abraham se metió a una casa de la calle 101-A entre 64-B y 64 C de la Delio Moreno y se apoderó de diversos objetos. Al verse sorprendido por el dueño, lo agredió a golpes.
El sujeto cuenta con antecedentes penales por lesiones y ataques peligrosos en el sistema tradicional y por robo en el Nuevo Sistema de Justicia.
Salió de la cárcel mediante un leve pago, antes de cumplir su condena.
En esta ocasión, en compañía de su hijo José Alejandro Cruz Zapata, el 28 de septiembre robó en la casa de Wendy de la Cruz Toledano Cetina, ubicada en la calle 99 entre 64-A y 64-B de la Delio Moreno.
Sin embargo, de nuevo fue beneficiado con un procedimiento abreviado y el pago de mil 500 pesos, pues llegó a un acuerdo satisfactorio con la afectada y el juez Mugarte decretó la extinción de la acción penal.
FORMAL P.-