MÉRIDA.- A fin de solventar las pruebas de la acusación, la Fiscalía General pidió la ampliación del plazo de investigación, en el proceso penal que se sigue a María Fernanda Castellanos Parker, ex directora de la Canacintra, y a su cómplice Melina Anahí Briceño Berzunza, acusadas de quedarse con casi 400 mil pesos de la agrupación empresarial.
El Ministerio Público pidió también que se extienda el plazo de las medidas cautelares contra la imputadas y el juez Segundo de Control, Luis Mugarte Guerrero, luego de analizar la petición, concedió un plazo más de dos meses para que se continúe con las investigaciones.
La denuncia fue presentada por el actual presidente de la Canacintra, Mario Can Marín.
Como publicamos, Mugarte Guerrero vinculó a las dos mujeres a proceso, aunque les otorgó libertad condicional, mediante el depósito de una garantía económica: de siete mil pesos para Castellanos Parker y de tres mil seiscientos para Briceño Berzunza.
Según el expediente, María Fernanda Castellanos maquinó el fraude aprovechándose del cargo que tenía y que fue comisionada para que hiciera las negociaciones correspondientes para el arrendamiento respecto de una fracción de 355.44 m2 del predio marcado con el número 151 de la calle 30 de la colonia García Ginerés, propiedad de citada cámara, a favor de la persona moral Providente México.
Llegó a diversos acuerdos respecto a la firma del contrato de arrendamiento y envió por correo electrónico diversos documentos el 23 de noviembre del año 2015, como la carátula de un estado de cuenta bancaria que contenía los datos para que se realicen los pagos de las rentas convenidas, misma que resultó alterada. En realidad el titular de ese número de cuenta es la coimputada Briceño Berzunza.
Una vez perpetrado lo anterior, el 7 de diciembre de 2015, Fernanda Castellanos renunció y se llevó 382,800 mil pesos en concepto de renta anual, que al final se descubrió no entraron a las arcas de la Canacintra.