PROGRESO.- Pedro Castillo Castellanos, quien tiene a nombre de su esposa Irene Lago Ancona de Castillo 103 hectáreas del ejido de San Ignacio, pretende despojar a ejidatarios de esas tierras, que en realidad se expropiaron al ejido de Komchén, pero ilegalmente la aplicaron a San Ignacio, denunciaron Flor Mendoza Sánchez y Gaspar Alcocer Rivas.
Abogados del ejido de la comisaría de San Ignacio, los arriba mencionados dijeron que el origen de ese conflicto de tierras data de 1992, cuando el gobierno estatal expropio terrenos ejidales para la instalación de un centro logístico.
Los abogados, quienes representan al ejido de San Ignacio en el juicio que se ventila en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en Mérida, explicaron que en 1992 se expropiaron 103 hectáreas, pero del ejido de Konchén, municipio de Mérida.
El gobierno estatal donó esos terrenos al empresario Pedro Castillo, cuando en aquel entonces estaba como gobernadora Dulce María Sauri Riancho y como Secretario de la Reforma Agraria Víctor Cervera Pacheco, afirmaron los abogados Flor Mendoza y Gaspar Alcocer.
Sin embargo, se expropiaron 103 hectáreas de terrenos ejidales de Konchen, pero aplicaron la expropiación en el ejido de San Ignacio, lo que a todas luces está fuera de la ley, motivo por el cual hay denuncia penal y los ejidatarios (de San Ignacio) reclaman sus tierras, que de manera fraudulenta están a nombre de Irene Lago Ancona de Castillo, precisan los dos abogados.
Los dos abogados señalaron que cuentan con la documentación para comprobar que expropiaron terrenos de Konchem y los aplicaron en San Ignacio, lo que es ilegal porque se apropiaron de tierras que no corresponden a la expropiación y ya se demostró que nunca invirtieron ni efectuaron construcción alguna en el centro logístico.
El caso de las 103 hectáreas del ejido de San Ignacio lleva 22 años, los ejidatarios encabezados por su comisario René Francisco Chan Canché entablaron una lucha, que comenzaron desde hace siete años, para tratar de recuperar las tierras que les pertenecen y de las cuales afirman que tienen la posesión y en próxima asamblea determinarán si reparten esos terrenos a todos los ejidatarios.
Los ejidatarios indican que Pedro Castillo Castellanos les dio a $5,000 en dos años a los entonces 103 ejidatarios, les ofreció trabajo en el centro logístico que nunca se llevó al cabo y ahora su esposa Irene Lago figura como la propietaria de ese lote que nunca le cedieron en asamblea, pues el empresario debió ocupar terrenos de Komchén que le donaron por el gobierno estatal.