MÉRIDA.- La Contraloría General del Gobierno del Estado ya sancionó a 235 funcionarios estatales y tiene en la mira a otros 164 que no cumplieron con presentar su declaración patrimonial, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el nuevo documento en materia de conflicto de intereses durante el plazo establecido ni en el periodo extraordinario que se autorizó.
El contralor general del Estado, Miguel Fernández Vargas, dijo ayer que inició un “procedimiento de sanción” a esos servidores públicos que ocupan cargos de jefes de departamentos y directores en diversas áreas de la administración estatal.
Explicó que en la lista no figuran secretarios del gabinete ni funcionarios de primer nivel, toda vez que éstos entregaron su información en tiempo y forma.
Fernández Vargas recordó que el 31 de mayo pasado venció el plazo para presentar la declaración patrimonial correspondiente a 2015 y al concluir ese periodo se emitió un plazo adicional de una semana, pero 83 funcionarios estatales y 81 funcionarios de dependencias paraestatales, es decir, 164, con cargo de jefatura no cumplieron con esa obligación legal.
Agregó que ante esta situación se inició el procedimiento de sanción que derivaría en seis posibles penalizaciones: amonestación privada, amonestación pública, separación del cargo, inhabilitación, destitución y sanción económica.
Fernández Vargas explicó que no hay un plazo legal para concluir las investigaciones y determinar posibles sanciones pero estimó que en un periodo de cuatro meses se emitirá una resolución.
Indicó que de manera adicional 291 funcionarios de diversos ayuntamientos y un diputado estatal no presentaron a tiempo la declaración patrimonial, por lo que se envió un reporte al Poder Legislativo para que a su vez notifique del hecho a las comunas y que éstas emitan las sanciones correspondientes.
Fernández Vargas precisó que durante los cuatro años de la actual administración del Gobierno del Estado la Contraloría ha impuesto 235 sanciones contra funcionarios públicos por incumplimiento de diversas obligaciones.
Explicó que se trata de 24 amonestaciones privadas, 161 públicas, 14 suspensiones del cargo, 27 inhabilitaciones para ejercer un empleo o cargo en el servicio público, tres destituciones y seis sanciones económicas.
En el caso del Gobierno del Estado dos mil 46 funcionarios estuvieron obligados este año a presentar la declaración patrimonial, de los cuales cumplieron mil 963, quedando pendientes 83 servidores públicos.
Respecto de las paraestatales, la lista de obligados fue de mil 192 y cumplieron mil 111, quedando pendientes 81 funcionarios.
En cuanto a los 106 ayuntamientos, la lista de obligados fue de mil 388 funcionarios municipales y presentaron mil 97, quedando pendientes 291 por entregar.
SIPSE.-