MÉRIDA.- Al iniciar el juicio oral contra José Enrique Lara González y Pablo Santos García Gutiérrez, presuntos asesinos del psiquiatra Felipe de Jesús Triay Peniche, luego de 21 meses del sanguinario asesinato, se dejó entrever que probar la autoría intelectual de Enrique Lara será difícil de probar.

El juicio comenzó con una hora y cuarto de retraso, pero la audiencia fue monótona, repetitiva y aburrida y en ella la “economía procesal” fue la gran ausente en el Nuevo Sistema Penal que dista de ser más ágil.

Mientras que los fiscales y abogados de las víctimas indirectas dijeron que los dos acusados son culpables y que merecen 40 años de cárcel y deben pagar 68 millones 460 mil pesos, los defensores alegaron la inocencia de sus defendidos.

La abogada de Enrique Lara, Luisa Patricia Castro González, argumentó que su cliente “no tiene el don de la ubicuidad”, es decir estar en dos lugares al mismo tiempo como lo hacía San Martín de Porres, ya que el día del crimen, por motivos de trabajo estuvo en Cozumel y Playa del Carmen), de lo cual tiene pruebas y testigos.

La abogada afirmó que su cliente fue detenido el 25 de agosto por elementos de la SSP, junto con su esposa, hijos y personal de servicio, a bordo de una camioneta Xtrail, en la que, curiosamente después apareció el reloj del ahora occiso, al igual que la credencial para votar con fotografía de su defensor en el citado departamento.

Señaló que los indicios se obtuvieron contraviniendo los derechos humanos y que no se respetó el debido proceso.

A su vez, la defensora de Pablo Santos, Janitzi Saraí Balderas, argumentó que la fiscalía no precisa tiempo, modo y lugar de la participación en este homicidio de su cliente, de modo que buscará la insuficiencia probatoria.

También afirmó que se cateó un predio ajeno al que el juez de control ordenó (hubo un error en la dirección que se asentó), en donde se levantaron evidencias y, por tanto, los diversos indicios y medios de pruebas son ilícitos.

En el juicio los seis fiscales y el coadyuvante de las víctimas, Fernando Alejandro Alpuche Ojeda, expusieron que tienen pruebas, más allá de la duda razonable que indican que los inculpados mataron a su colega Felipe de Jesús Triay Peniche, pues ejecutaron un plan preconcebido que ambos llevaron al cabo para privar de la vida a la víctima, con un cuchillo y una picoleta, para luego desmembrarlo.

Alegaron que hubo traición de parte de los imputados, pues le pusieron una trampa para llevarlo a un departamento 202-F de la calle 25 con 32 de la colonia García Ginerés, ya que había una relación de amistad con el ahora occiso.

Indicaron que cuentan también con evidencias como videograbaciones, fotos y testigos de los hechos, suficientes como para establecer su responsabilidad penal.

Incluso, que sus victimarios dispusieron de sus recursos y vehículo.

También señalaron que su contraparte basará la defensa en descalificaciones y con testimonios circunstanciales ajenos a la acusación, buscando de esta forma desviar la atención del tribunal, ubicando a sus clientes como víctimas de un sistema procesal.

El coadyuvante se adhirió a todo lo anterior y solicitó la pena máxima para los psiquiatras (40 años de prisión y el pago por reparación del daño moral ocasionado, daños y perjuicios por 68 millones 460 mil pesos).

Luego, el hijo del malogrado psiquiatra, el joven Felipe de Jesús Triay Novelo, fue interrogado por la fiscalía y luego de darle muchas vueltas al asunto refirió que dos semanas antes, acompañando a su progenitor en un banco, vio que saludó a Lara González y que su papá le dijo que “no iba a entrarle a la jugada”.

Que después su papá recibió una llamadas y estaba apurado, pues iba a reunirse con Pablo (no conocía a este último) y Enrique en el Hyatt, la noche del 15 de agosto.

Posteriormente, acudieron al estacionamiento del Cejom, para que identifique el auto de su progenitor.

Este juicio se espera se prolongue por dos meses más, con testimoniales, peritajes y el desahogo de medios de prueba.