MÉRIDA.- La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Celia Rivas Rodríguez planteó una reunión de trabajo con funcionarios de cinco secretarías del gabinete estatal para abordar las iniciativas presentadas por el Ejecutivo en materia de seguridad, misma que se celebrará el próximo lunes con la participación de dependencias como la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Consejería Jurídica y Secretaría de Administración y Finanzas.
Al iniciar los análisis de las 11 iniciativas y un decreto presentados por el Poder Ejecutivo, relacionados con temas como prevención social del delito, fortalecimiento tecnológico en vigilancia, inversión y mayor coordinación para la seguridad del Estado, la legisladora subrayó que la invitación ayudará para aclarar dudas de todos los legisladores.
“Estaríamos invitando también en diferentes momentos a otros actores, especialistas en la materia pues el sello de esta Legislatura es la apertura al diálogo”, agregó la también vocal de las comisiones relacionadas con el tema.
La diputada Celia Rivas compartió que también se hará llegar a los 25 diputados la copia de cada una de las iniciativas, después de que sean repartidas en las comisiones correspondientes.
En la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación se distribuyeron los documentos con las propuestas para modificar la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de ministerio público y el Código de la Administración Pública sobre la Secretaría de Seguridad Pública.
En tanto que en el organismo de Justicia y Seguridad Pública se entregaron las iniciativas para expedir la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para modificar la Ley de la Fiscalía General del Estado, para expedir la Ley de Víctimas, la Ley para la Protección de las Personas que Intervienen en el Proceso Penal y modificar el respectivo Código.
También las Iniciativas para armonizar el Código Penal estatal al Código Nacional de Procedimientos Penales, para modificar el Código Penal en materia de abuso sexual, así como en materia de robo calificado y falsedad de declaraciones, además de la concerniente a delitos contra el funcionamiento del sistema estatal de seguridad pública.