CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) calificó de “deficiente” la política de reinserción social en los penales, al revelar que cuatro de cada 10 reos liberados vuelven a delinquir.

En el informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2014, el órgano advirtió que el sistema nacional penitenciario se caracterizó por la “marginal reinserción social de los individuos que purgaron una sentencia”, lo que contribuyó a una situación precaria en las condiciones de seguridad pública nacional.

Aunque el organismo señaló que se invirtieron más recursos y, además, un número mayor de reclusos acudieron a las actividades de reinserción, por cada 10 internos que fueron liberados, cuatro volvieron a transgredir la ley.
Consideró que las acciones para reincorporar a los infractores a la sociedad son deficientes, “por lo que persistió el problema que dio origen a la política pública”.

De acuerdo con la ASF, la cifra de reos que reincidió se incrementó en casi 634 por ciento en siete años, es decir, que de mil 400 reincidentes en 2007 se pasó a 10 mil 901 en 2014.

Además, cuestionó la efectividad de los tratamientos para reincorporar a los delincuentes, ya que pese a que más de 80 por ciento de los sentenciados participaron en estas actividades, 44 por ciento reincidió.

En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó que en los penales federales del país no había oportunidades reales para incorporarse, debido los problemas de corrupción, maltrato, hacinamiento y malas condiciones que privan en las celdas de castigo.

La ASF reportó que en este tipo de actividades y en la operación misma de los centros penitenciarios federales se ejercieron poco más de 15 mil millones de pesos.

Ante esta situación, urgió a implementar políticas más efectivas para los programas que reincorporen a quienes ya cumplieron su condena.

Esta situación no es exclusiva de las cárceles federales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 29 mil personas recluidas en cárceles estatales por cometer por segunda vez o más el mismo delito del fuero común.

La entidad con el mayor número de presos reincidentes es Sonora, que, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 2015, cuenta con 6 mil 754 reincidentes, seguido por la Ciudad de México, con 4 mil 638 reos en esa condición.

Entre los delitos que se cometen más de una vez por un preso está el robo, con 5 mil 361 casos a nivel federal; el narcomenudeo, con 3 mil 226, y el homicidio, con mil 500 casos.

VUELVE LA NORMALIDAD

A seis días de “la batalla campal” entre grupos antagónicos que dejó 49 reos y 12 heridos, ayer el penal de Topo Chico, en Monterrey, abrió sus puertas a los medios de comunicación.

Pese a que los trabajos de reparación avanzan, aun quedan las huellas de los disturbios que develaron lo que las autoridades han denominado un autogobierno.

Se respira una tensa calma, que lo mismo permite al arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, oficiar una misa en donde no hace mucho era zona de guerra, que a un grupo de reporteros recorrer los escenarios en los que quedaron 49 cuerpos.

En la zona conocida como “rondín”, la primera que se aprecia tras pasar los filtros de seguridad, quedaron ocho cadáveres, otros en uno de los costados del campo de futbol, que divide los lugares en los que habitaban los líderes cuyos grupos protagonizaron la pelea.

Funcionarios de la administración estatal revelan que en Topo Chico se generaban ganancias de hasta 5 millones de pesos a la semana en actividades ilícitas.

Se cobraban 20 pesos por los alimentos, la misma cantidad por recibir visitas, cinco por acceder a un teléfono público y hasta mil 500 pesos por la visita conyugal.

La normalidad empieza poco a poco a retornar: las llamadas ya no cuestan, el comercio interno parece florecer y los internos juegan en la cancha que hace unos días se pintó de sangre.

Sin embargo, la petición es unánime: que la atención prestada durante esta semana no se diluya con el paso del tiempo.

MÁS CRÍTICAS

A los reproches al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, por su actuación ante esta masacre se sumaron ayer senadores de PAN, PRI y PRD.

Roberto Gil, presidente de la Mesa Directiva, criticó que el mandatario hablara sobre la necesidad de construir un nuevo reclusorio.

Emilio Gamboa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que nada justifica lo sucedido y reconoció que es necesaria la construcción de otro penal en el estado.

Armando Ríos Peter presentó un punto de acuerdo en el que pidió exhortar a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social que den detalles sobre las condiciones que guardan los penales federales.

JUSTICIA SIN DISTINGOS NI ABUSOS, OFRECE VELASCO

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, puntualizó que su administración está comprometida con la impartición de una justicia sin distingos ni abusos de poder.

Al inaugurar el Juzgado de Control de Tribunales de Enjuiciamiento en el municipio de Cintalapa, puntualizó que en el estado avanzan en la actualización del sistema judicial.

“Estamos comprometidos para que en la entidad la impartición de justicia sea sin distingos y sin abusos de poder. Por eso estamos invirtiendo constantemente en materia de justicia penal”, remarcó.

Frente a magistrados, jueces e integrantes de la barra de abogados de la región, el mandatario chiapaneco destacó que han invertido 21 millones de pesos en salas para el nuevo sistema de justicia.

Luego de presenciar un simulacro de juicio oral y recorrer las instalaciones del juzgado, que se suma a otros 10 construidos en la entidad, Velasco subrayó que casos que antes tardaban hasta tres años en resolverse, ahora podrán solucionarse en menos de una semana.

Hizo un reconocimiento al Poder Judicial de Chiapas por asumir el reto de consolidar estos juzgados y ayudar a encontrar una mayor imparcialidad y transparencia.

AGENCIAS-