PROGRESO.- En lo que muchos consideran una pifia más en muy poco tiempo, el alcalde José Cortés Góngora informó que privatizará la recolección de la basura, ya que se la concesionará a una empresa de Monterrey, de modo que dejará colgados a los actuales recolectores.

La Comuna les ofreció a los recolectores que den el servicio durante los próximos 18 meses, tiempo que tiene la empresa para instalar la planta procesadora, y luego se convertirían en empleados de la empresa, que tendrá la concesión durante 20 años. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo entre ambas partes

En reunión entre el alcalde y los integrantes de la agrupación de recolectores, realizada ayer martes en la tarde, el primer edil les informó  que el Ayuntamiento va a concesionar a una empresa la recolección de la basura y el procesamiento de la misma.

La concesión se le otorgará a una empresa de Monterrey, explicó el alcalde en la reunión con los recolectores de basura, junta que se realizó en la sala Juárez del palacio municipal.

Ahí también dijo que a los recolectores no les devolverán las comisarías y la calle 39 como lo piden, porque el Ayuntamiento presta el servicio de manera gratuita y devolverlo representa afectar a numerosos habitantes.

En la reunión, que por momentos estuvo ríspida debido a la discusión entre el alcalde y Manuel Sánchez Novelo, secretario de conflictos del sindicato de Recolectores de Basura, José Cortés les dijo no a la devolución de las comisarías y afirmó que va a concesionar el servicio a una empresa de Monterrey, pero ocultó el nombre de la compañía.

El edil, quien estuvo flanqueado de la regidora secretaria María del Carmen Villanueva Ávila y del síndico Enrique Ordaz Martínez, dijo también que en su viaje a Monterrey, realizado la semana pasada, estuvo a punto de firmar el contrato con la empresa, pero debido a unos párrafos no muy claros, no lo hizo, los empresarios lo corregirán y vendrán al puerto para presentarlo de nuevo al edil.

Los recolectores no están de acuerdo con la privatización y no aceptaron la propuesta del alcalde de ser empleados de la empresa que tendrá la concesión.

Indicaron que tienen la concesión para proporcionar el servicio en el municipio y que recurrirán a otras instancias para que se les respete.

José Cortés les dijo a los recolectores que deben poco más de $600,000 por el uso del tiradero al que le llaman relleno sanitario, que hay demandas penales en contra de esa instalación, de los mismos recolectores y en contra de tres o cuatro ex alcaldes y que no esperara a que lo demanden para actuar y acabar con el problema de la basura.