Cámaras, más para vigilar a trabajadores que a posibles delincuentes.- La instalación de cámaras de videovigilancia enfrente del reclusorio y en el Centro de Justicia Oral de Mérida avanza poco a poco, pero parece que están más dirigidas a vigilar al personal de las dependencias que detectar posibles actos delictivos.
Ayer miércoles, en un “poste” ubicado frente al Cereso, trabajadores de una empresa privada se daban a la tarea de montar un par de cámaras en una parte no tan baja de esa estructura, que desde hace mucho tiempo cuenta con un “big brother” en la punta. Las cámaras abarcan las áreas de trabajo del Cejom, pero no los espacios públicos como los jardines, la explanada y el estacionamiento. Curiosamente, las cámaras fueron montadas en lugares de trabajo, como la parte alta, donde labora la mayoría del personal, así como la única área común que no está tan restringida a los asistentes a este edificio supuestamente público.
Libres como el viento los ordeñadores de “pipas”.– Con el “argumento” de que la detención de los seis sujetos sorprendidos “ordeñando” unas pipas de gasolina fue una “cuestión de particulares” y que el Ministerio Público Federal no accionó a tiempo, gracias al Nuevo Sistema de Justicia Penal los “presuntos delincuentes” recuperaron su libertad.
Los detenidos son José Betulio Bacelis Kuk, Luis Alberto Verde Pech y Manuel Jesús Puc, el comprador clandestino de combustible Wílberth Hoil Pech y sus chalanes José Isabel Martínez y José Guadalupe Garrido Soberanis, pero los dejaron libres porque no se comprobó que estuvieran robando gasolina. Aunque fueron capturados el lunes, en la carretera Mérida-Valladolid, a la vista de medio mundo, cuando llenaban unos bidones con gasolina Magna ni siquiera pisaron fueron a la “grande”.
Un ladrón queda libre y feliz: pacta con sus víctimas: Astutamente, William López Díaz se libró del proceso en su contra por el delito de robo a casa-habitación, en el fraccionamiento Montebello que cometió el sábado pasado, ya que de última hora llegó a un acuerdo reparatorio del daño con los afectados, de modo que se solicitó la suspensión condicional del proceso.
Los denunciantes, Esteban Francisco Gallegos Hernández y Francisco José Antonio Mendoza Millán, pactaron con el ladrón, y se acordó que durante seis meses el imputado cumplirá una serie de condiciones para acabar con el problema, como residir en un lugar fijo, dejar de frecuentar ciertos lugares y personas, buscar un trabajo estable, someterse a la vigilancia que ordene la juez de control, además de no acercarse al lugar de los hechos y mucho menos a las víctimas. Además, hasta el localizador electrónico le fue retirado.