UMÁN.- Luego de que las anteriores administraciones priistas se negaron a pagar diversos laudos laborales, ahora  la Comuna enfrenta un demanda de casi $10 millones, que de no pagarse ocasionará que le embarguen bienes al Ayuntamiento, afirmó el alcalde Freddy Ruz Guzmán.

Las comunas priistas, desde 2004, se negaron a pagarles a las siguientes personas: Correa Cruz Daniel (2004); Uribe Canché Martha o (Xanché Uribe Martha) (2009); Ruiz Ortiz (2012); Cen Quintal Libanesa (2012); Solache Poot María (2010); Chan Castro Francisco (2010); Chablé Uribe (2004); Vázquez Magaña (2004); Gómez Flores Sergio (2012); Castillo López Fernando (2012), y May Poot Roger (2012).

“De llevarse al cabo este embargo se pondrá en grave riesgo los servicios públicos básicos y necesarios para el desarrollo de la vida cotidiana del municipio”, precisó el presidente municipal.

El primer edil dijo que, ante esta situación fomentaron medidas de ahorro en el gasto público, incluso por acuerdo del Cabildo se aprobó no recibir el aguinaldo, medida que incluye a los regidores y altos funcionarios de la administración, “a quienes agradecemos su compromiso ante esta grave situación”.

“Realizamos las gestiones y acuerdos necesarios para darle solución a esta situación, pero es nuestro deber informar a los ciudadanos la situación que enfrentamos y más si intervienen recursos públicos que afectarían el trabajo”, precisó Freddy Ruz.

El alcalde, de extracción panista, recordó que  desde el inicio de esta administración la limitación de recursos ha imposibilitado realizar al 100% obras y acciones urgentes y necesarias como el bacheo, alumbrado público y la seguridad, entre otras muchas necesidades.

Dijo que recibió un municipio descuidado en sus servicios públicos, lo que los obligó a poner en marcha un programa de austeridad en el gasto público, que a la vez les permita responder a la ciudadanía de manera eficiente y con calidad.

El alcalde dijo que otro problema que heredaron son los juicios laborales de ex empleados de administraciones pasadas y cuyas resoluciones o laudos no fueron atendidos en su momento, de modo que se fueron acumulando y hoy hay un problema de una posible ejecución de embargo a las cuentas del municipio, para garantizar la cantidad de poco más de 10 millones de pesos