SAO PAULO.- Cientos de miles de personas se manifestaron por todo Brasil ayer para pedir la realización de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, a quien responsabilizan por un enorme escándalo de corrupción y por el peor desplome económico en un cuarto de siglo.
La convocatoria fue apoyada por ciudadanos de unas 150 ciudades que tomaron las calles desde las primeras horas, vestidos en su gran mayoría con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña.
La Avenida Paulista fue totalmente ocupada por los manifestantes y la policía informó de que sólo allí se concentraron unas 350 mil personas.
Otras 25 mil se reunieron frente al Congreso en Brasilia, según la policía.
En el resto del país, los cálculos de la policía apuntaban a que poco más de medio millón de personas dedicó su domingo a protestar.
Ambas cifras son similares a las de protestas realizadas en abril, pero menores que las de marzo.
Rousseff, por su parte, convocó para una reunión a algunos de sus ministros, tras la cual el titular de Información, Edinho Silva, dijo en una nota de apenas una línea que las protestas prueban la “normalidad democrática” que vive el país.
La respuesta del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y de los movimientos sociales que apoyan al gobierno será el próximo jueves, cuando han sido convocados actos en todo el país “en defensa de la democracia” y “contra el golpe”.
Existe un amplio respaldo al movimiento debido a que el creciente desempleo y la elevada inflación presagian la peor desaceleración económica desde al menos 1990.
Las medidas de austeridad que aplicó el gobierno para proteger la calificación de grado de inversión han anulado el apoyo a la mandataria y son rechazadas por los legisladores.
Todos oímos de los recortes de presupuesto, pero hasta ahora sólo han dañado a la gente como yo”, dijo Francisco Mosack, un jubilado obrero metalúrgico del humilde barrio de Capao Redondo en Sao Paulo, que se quejó además de que sus cuentas de electricidad casi se han duplicado este año.
Con la oposición política dividida y un desorden en el Congreso, los manifestantes tenían pocas propuestas que los unieran, salvo por el juicio político a Rousseff.
Si la mandataria fuera sometida al juicio político, como muchos demandan, el siguiente en la línea sería el vicepresidente Michel Temer, de un partido distinto al de Rousseff y que está a cargo de coordinar la agenda legislativa de la Presidenta.
Una investigación por sobornos y lavado de dinero que ya se extiende por 17 meses está sacudiendo al gobierno y a las compañías públicas, pero no ha revelado evidencias contra la mandataria.
Sintiendo la debilidad, los líderes del Congreso han saboteado gran parte de la agenda económica de la Presidenta. El líder de la Cámara baja, responsable de evaluar los argumentos legales para realizar un juicio político a la mandataria, rompió con el gobierno de Rousseff.
Esta semana, la Presidenta ganó impulso político, con un nuevo acercamiento con el Senado para una agenda pro-mercado. Pero la alianza sigue siendo frágil.
Además, una investigación por un esquema de corrupción en la petrolera estatal Petrobras se ha traspasado hacia el ámbito político.
Agencias.-