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MÉRIDA.- El Ayuntamiento de Mérida tendrá que pagar 203 millones de pesos a la empresa jalisciense AB&C Leasing luego de que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán fallara en contra de la Comuna en el caso de cancelación de contrato por arrendamiento de luminarias.
Los magistrados que integran el órgano judicial informaron que, aunque el fallo no obliga al Municipio a volver a instalar las 82 mil lámparas que la Comuna contrató en la administración pasada con la empresa, sí tendrá que saldar el adeudo, ya que se confirmó que su peritaje para justificar la cancelación del contrato carece de fundamentos.
Mediante un comunicado explicaron que “el asunto trata del indebido acuerdo de terminación anticipada del contrato, que generó el consecuente adeudo de rentas vencidas y no pagadas, que a la fecha ascienden a 203 millones de pesos”.
La cantidad de recursos de la sentencia es relevante, afirman, “ya que el Ayuntamiento opera altas sumas de dinero, siendo su presupuesto del ejercicio 2015 de más de 2 mil millones de pesos”.
Incluso, añaden, tuvo un remanente o sobrantes no utilizados por subejercicio del presupuesto del año 2014 de alrededor de 280 millones de pesos.
“La norma permite a cualquier autoridad realizar previsiones presupuestales en el capítulo relacionado al cumplimiento de sentencias y resoluciones, como la que hoy nos ocupa”.
Señalaron que es del conocimiento público que autoridades del Ayuntamiento rescindieron anticipadamente el contrato de arrendamiento de luminarias, alegando que presentaban fallas y generaban un alto costo con pagos mensuales de casi 8 millones de pesos por un supuesto mal servicio.
El Tribunal resolvió que la cancelación fue ilegal “porque varios de los funcionarios que cancelaron no tenían competencia expresa para ello (sin que una norma se los permitiese o indicase)”.
“Se violaron derechos constitucionales establecidos en los artículos 1, 14 y 16, al no concederse a la empresa audiencia previa”, además que “se demostró que el dictamen del perito del Ayuntamiento se realizó con una metodología obsoleta y no vigente al momento de su realización”.
“Todo acto o negativa de una autoridad debe de estar apegado a Derecho para evitar la arbitrariedad, atropellos y abusos de poder, ya se trate de una licencia de funcionamiento, una clausura o una multa”, señalaron en el fallo.
“El objetivo de este Tribunal es que las autoridades cumplan con la Ley, si el acto de una autoridad es ilegal, nuestra obligación es anularlo”.
“Confiamos en que las autoridades electas de Mérida denoten un mayor conocimiento de la Ley y de los caminos institucionales procedentes, que les permita un actuar por la vía jurisdiccional; apostamos que hagan uso de herramientas legales, que son civilizadas, racionales y correctas, no bajo el escudo del escándalo”, sentenciaron.
Cabe recordar que el actual gobierno municipal canceló el convenio signado por sus antecesores entre la empresa tapatía y la Comuna durante el primer año de gestión del alcalde saliente, Renán Barrera Concha.
AB&C Leasing demandó al Municipio por cancelación anticipada de contrato en abril de 2013 y el municipio hizo lo propio, y ahora con esta resolución la deuda se heredará a las próximas autoridades.