MÉRIDA.- Por afectar 9.97 hectáreas de vegetación forestal en un terreno de 30.78 hectáreas de selva baja al norte de Mérida, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de totalmente de manera total temporal un complejo residencial denominado Kantára, ubicado en la subcomisaría de Dzidzilché, con lotes que van desde los 252 mil pesos.
El delegado de la PROFEPA en Yucatán, José Lafontaine Hamui, explicó que en su recorrido de rutina los inspectores de la Profepa en Yucatán identificaron la remoción de vegetación forestal en dicho predio y la presencia de maquinaria pesada para realizar labores de desmonte y nivelado de terreno.
El proyecto que se desarrolla a cuatro kilómetros de la carretera Mérida-Progreso consta de 290 lotes de 525 metros cuadrados, con precios que van desde 252 mil pesos, para construir las residencias que estarán en un área que tendrá cuatro parques temáticos, una casa club, vigilancia, barda perimetral, calles de concreto, cableado subterráneo, calles amplias, mil 620 metros cuadrados de piscinas y espejos de agua.
Anotó que al realizar una visita inspección personal de la Profepa comprobaron que la empresa inmobiliaria no contaba con la autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en materia de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de Suelo en terrenos forestales para realizar las obras detectadas.
De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, cambiar la utilización de los terrenos forestales, sin contar con la autorización correspondiente, es sancionable con una multa por el equivalente de 100 a 20,000 veces el salario mínimo vigente, subrayó.
Sin embargo, este desarrollo habitacional de alta plusvalía promueve la comercialización de sus lotes en revistas de inmobiliarias locales y en un sitio web; además de un espectacular cercano al predio para dar difusión a los terrenos que no contaban con las debidas autorizaciones en materia ambiental, apuntó.
Por ello, refirió, el personal de la PROFEPA procedió a imponer la Clausura Total Temporal de dicho sitio iniciando un procedimiento administrativo en contra de los responsables de la obra y aseguró la maquinaria que se encontró, la cual consiste en una aplanadora, una zanjadora tipo circular, una retroexcavadora con pala y una pipa de agua.
El responsable de la obra, indicó, puede hacerse acreedor a una multa por el equivalente a 30 y hasta 50 mil días de salario mínimo general vigente y la clausura definitiva de la obra, según el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.