MÉRIDA.- Agentes Ministeriales detuvieron a Juan Carlos Madrid Moo, Sergio Ramón Uc Aguileta y Joel Alfredo Iuit Malaver, acusados de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familia.
En el primer caso, Juan Carlos fue denunciado por Teresa de Jesús Sansores Polanco, ante el Juzgado Sexto Penal, que otorgó la orden de aprehensión.
Según el expediente, el detenido y la denunciante iniciaron una relación sentimental en 2010 y de ésta procrearon un hijo, pero la mujer dijo que él la maltrataba e insultaba, motivo por el cual decidió separarse en mayo de 2013, momento en el que acordaron que el ahora detenido pagaría 800 pesos semanales para la manutención de su hijo.
Ante el incumplimiento del acuerdo desde la segunda semana de junio del 2013, Teresa de Jesús decidió interponer la denuncia correspondiente para definir la situación legal del indiciado y se responsabilice de su hijo menor de edad.
En el caso de Sergio Ramón, fue denunciado por Laura Rosaura Martín Rodríguez y se ejecutó en su contra una orden de aprehensión del Juez Cuarto Penal.
La denunciante y el sujeto vivieron en unión libre hasta el mes de febrero de 2012, cuando decidieron separarse, acordando que el hoy detenido brindaría un pago semanal de 400 pesos por concepto de manutención de sus dos hijos menores de edad.
En marzo de 2014, el denunciado dejó de pagar la cantidad acordada, por lo que la afectada interpuso la denuncia, concretándose la orden de aprehensión ejecutada cuando el individuo caminaba sobre la avenida Xoclán con avenida 128 de la colonia Xoclán.
Finalmente, en el caso de José Alfredo, éste fue denunciado por María Beatriz Concepción Aké Canul en representación de sus dos hijas menores de edad, ante el Juez Octavo Penal.
Ellos se casaron en 2009 y de esta relación procrearon dos hijas. Para septiembre de 2012 acuden al Instituto de la Mujer donde acordaron que el indiciado pagaría 500 pesos semanales en concepto de pensión alimenticia para sus hijas.
La quejosa señaló que el detenido entregó en un par de ocasiones 100 pesos, argumentando que no tenía trabajo, y en diciembre de 2012 dejó de pagar totalmente, situación que orilló a la afectada a interponer la querella para solucionar las necesidades de sus hijas.