MÉXICO.- La Ley Anticorrupción sienta las bases para un México honesto, ordenado, seguro y sin impunidad, es lo que anhelamos todos los grupos parlamentarios y así responder a las exigencias y reclamos de una sociedad que está lastimada y que necesita saber que estamos transitando en el saneamiento del combate a la corrupción, sostuvo la senadora Angélica Araujo Lara.
La Cámara Alta aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, con ello los servidores públicos y representantes ciudadanos adquirieron el compromiso político para que la sociedad avance con la ley que previene, detecta y castiga actos de abuso de poder.
La senadora yucateca, recalcó que el cáncer político de la corrupción, sus daños sociales y económicos han penetrado en todo niveles de gobierno y ningún partido político puede jactarse de no verse involucrado en un acto de esa índole. En el PRI le hacemos frente a este problema, con ésta reforma se cumple un compromiso del Presidente enrique Peña Nieto y del tricolor de transformar a México –recalcó.
Durante la sesión, diversos senadores aceptaron que les preocupa y ocupa que México se ubique en el segundo lugar como el país de más impunidad en un ranking de 59 naciones, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015.
Se sabe de las graves consecuencias que la corrupción tiene sobre el crecimiento económico y el desarrollo del país, mermando la posibilidad de invertir en servicios públicos y, sobre todo, del bienestar de los mexicanos, además de hacer frente a ese 72 por ciento de los jóvenes entre 18 y 34 años que señalan que la corrupción provoca retraso en el país.
Esta ley se enviará a las legislaturas de los estados y los puntos importantes incluyen:
La creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
La extinción de dominio por actos de enriquecimiento ilícito.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá la facultad de fiscalizar las cuentas públicas de estados y municipios, así como del Gobierno del DF y de las 16 delegaciones de la capital del país.
Se impondrán sanciones a particulares vinculados en actos de corrupción, las cuales consistirán en inhabilitación para participar en adquisiciones, disolución o intervención de la empresa, y reparación de los daños al erario.
Por su parte, el secretario de la Función Pública será ratificado por la Cámara de Senadores a propuesta del presidente de la República.
Los titulares de los órganos internos de control que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) serán designados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados.